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Díaz Rúa compró yate de lujo “La Balbie” con sobornos de Odebrecht, según Procuraduría
Víctor Díaz Rúa habría comprado un yate valorado en cinco millones de dólares con el dinero de los sobornos que recibió de la constructora Odebrecht, según cuenta la acusación presentada por la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría señala que el acusado adquirió una diversidad de muebles e inmuebles, entre los que sobresalían activos millonarios como proyectos inmobiliarios, villas de veraneo y yates.
El yate al que hace referencia la Procuraduría es marca Pershing, color azul, del año 2011 y con 60 pies de eslora.
La nave habría sido bautizada como “Balbie”, justo el nombre de la esposa de Víctor José Díaz Rúa.
La acusación contra Díaz Rúa señala que el yate estaba registrado en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de la compañía de carpeta “Nutberry Limited”.
El esto estimado por la Procuraduría General de la República es de cinco millones de dólares estadounidenses (US$5,000,000.00).
Victor Díaz Rúa es uno de los siete acusados de haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado en el país la suma de 92 millones de dólares en coimas para hacerse de obras públicas importantes en el país.
La Procuraduría espera ahora por la fijación de la audiencia preliminar, en la que se evaluarían las pruebas en poder del Ministerio Público para decidir si el proceso debe ir a un juicio de fondo.
Más acusaciones
La Procuraduría General de la República acusa a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacionalde Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), recibir US$856,804, como soborno de Odebrecht, a través de empresas de Ángel Rondón Rijo.
Según la acusación presentada por Jean Alain Rodríguez al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, las compañías Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa, transfirieron a Días Rúa y a su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.
“La investigación realizada por el Ministerio Público a las sociedades vinculadas con el imputado Víctor José Díaz Rúa, arroja que en fecha 6 de julio del 2011, la empresa Lashan Corp (empresa del imputado Ángel Rondón Rijo) autoriza a Bancamérica a realizar la transferencia de seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares estadounidenses (US$674,456.00) a favor de la empresa Almafrío donde figura como socia Albox R.R.L propiedad de Víctor José Díaz Rúa”, refiere la acusación.
“La orden de transferencia de Lashan Corp indica al banco que es “con referencia a Albox” lo que demuestra que el dinero está destinado a ésta última”, concluye el párrafo del Ministerio Público.
La procuraduría, afirma que el exministro recibió dinero para favorecer a Odebrecht con la Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Samaná y Hermanas Mirabal, autopista el Coral, Corredor Duarte I, carretera El Rio-Jarabacoa, carretera Casabito y Corredor Duarte II, a través de su más cercano colaborar, Leonardo Guzmán, quien es esposo de su hija.
“Fueron identificadas transferencias efectuadas desde las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa al señor Leonardo José Guzmán Font-Bernard, yerno y testaferro del imputado Víctor José Díaz Rúa, por un monto total de ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses (US$182,348.83). Dichas operaciones fueron realizadas en el período comprendido entre agosto del 2012 y agosto 2013”, señala el órgano investigador.
Por los US$92 millones pagados en soborno por la multinacional brasileña para ser favorecidos con 16 obras del Estado, la Procuraduría solicitó envío a juicio de fondo al enlace comercial de Odebrecht, Rondón Rijo así como Víctor Díaz, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús (Chú) Vásquez Martínez y Juan Rodríguez Hernández.
Dijo que no hubo indicios de pago de sobornos para la adquisición de la termoeléctrica Punta Catalina.
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
