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Díaz Rúa compró yate de lujo “La Balbie” con sobornos de Odebrecht, según Procuraduría
Víctor Díaz Rúa habría comprado un yate valorado en cinco millones de dólares con el dinero de los sobornos que recibió de la constructora Odebrecht, según cuenta la acusación presentada por la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría señala que el acusado adquirió una diversidad de muebles e inmuebles, entre los que sobresalían activos millonarios como proyectos inmobiliarios, villas de veraneo y yates.
El yate al que hace referencia la Procuraduría es marca Pershing, color azul, del año 2011 y con 60 pies de eslora.
La nave habría sido bautizada como “Balbie”, justo el nombre de la esposa de Víctor José Díaz Rúa.
La acusación contra Díaz Rúa señala que el yate estaba registrado en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de la compañía de carpeta “Nutberry Limited”.
El esto estimado por la Procuraduría General de la República es de cinco millones de dólares estadounidenses (US$5,000,000.00).
Victor Díaz Rúa es uno de los siete acusados de haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado en el país la suma de 92 millones de dólares en coimas para hacerse de obras públicas importantes en el país.
La Procuraduría espera ahora por la fijación de la audiencia preliminar, en la que se evaluarían las pruebas en poder del Ministerio Público para decidir si el proceso debe ir a un juicio de fondo.
Más acusaciones
La Procuraduría General de la República acusa a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacionalde Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), recibir US$856,804, como soborno de Odebrecht, a través de empresas de Ángel Rondón Rijo.
Según la acusación presentada por Jean Alain Rodríguez al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, las compañías Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa, transfirieron a Días Rúa y a su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.
“La investigación realizada por el Ministerio Público a las sociedades vinculadas con el imputado Víctor José Díaz Rúa, arroja que en fecha 6 de julio del 2011, la empresa Lashan Corp (empresa del imputado Ángel Rondón Rijo) autoriza a Bancamérica a realizar la transferencia de seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares estadounidenses (US$674,456.00) a favor de la empresa Almafrío donde figura como socia Albox R.R.L propiedad de Víctor José Díaz Rúa”, refiere la acusación.
“La orden de transferencia de Lashan Corp indica al banco que es “con referencia a Albox” lo que demuestra que el dinero está destinado a ésta última”, concluye el párrafo del Ministerio Público.
La procuraduría, afirma que el exministro recibió dinero para favorecer a Odebrecht con la Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Samaná y Hermanas Mirabal, autopista el Coral, Corredor Duarte I, carretera El Rio-Jarabacoa, carretera Casabito y Corredor Duarte II, a través de su más cercano colaborar, Leonardo Guzmán, quien es esposo de su hija.
“Fueron identificadas transferencias efectuadas desde las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa al señor Leonardo José Guzmán Font-Bernard, yerno y testaferro del imputado Víctor José Díaz Rúa, por un monto total de ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses (US$182,348.83). Dichas operaciones fueron realizadas en el período comprendido entre agosto del 2012 y agosto 2013”, señala el órgano investigador.
Por los US$92 millones pagados en soborno por la multinacional brasileña para ser favorecidos con 16 obras del Estado, la Procuraduría solicitó envío a juicio de fondo al enlace comercial de Odebrecht, Rondón Rijo así como Víctor Díaz, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús (Chú) Vásquez Martínez y Juan Rodríguez Hernández.
Dijo que no hubo indicios de pago de sobornos para la adquisición de la termoeléctrica Punta Catalina.
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Guido sobre imputados del caso Senasa: “Son unos hijos de la gran puta”
El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que los diez imputados en el caso Senasa “son unos hijos de la gran puta”, al referirse al presunto fraude cometido con recursos públicos destinados al sistema de salud y a las medidas de coerción que les fueron impuestas el día de ayer, durante una intervención en un programa televisivo transmitido la mañana de este lunes.
“Son unos hijos de la gran puta. Porque cuando tú tomas recursos públicos destinados a la salud de los infelices de este país, y tú manipulas operaciones no realizadas y generas contrataciones multimillonarias, tú tienes que reconocer que el nivel de indignación de la población tiene mucha razón de ser”, manifestó.
Las declaraciones se producen luego de que un juez impusiera 18 meses de prisión preventiva a siete de los imputados, mientras que otros tres deberán cumplir arresto domiciliario e impedimento de salida del país, como medidas de coerción dentro del proceso judicial.
Las declaraciones de Gómez Mazara fueron ofrecidas durante su participación en el programa Telematutino 11, que se transmite por el canal Telesistema
Gómez Mazara sostuvo que el caso no debe quedarse en esta primera fase y exhortó a los magistrados a profundizar las investigaciones. “Frente a eso, yo quisiera pedirles a los magistrados que siguieran hasta el final”, enfatizó.
Posible ampliación del caso: “Senasa 2.0”
Asimismo, el presidente de Indotel se refirió a una posible ampliación del expediente, al que denominó de manera informal como “Senasa 2.0”, aclarando que se trata de una inferencia personal y no de información oficial.
“Intuyo yo, no tengo información porque nosotros somos respetuosos del Ministerio Público, pero intuyo que va a involucrar farmacias, clínicas, médicos”, expresó.
En ese sentido, pidió sanciones severas contra los profesionales de la salud que pudieran estar implicados en prácticas fraudulentas.
“Ojalá todos esos médicos que participan en esa vagabundería le quiten el exequátur”, concluyó.
Vía N Digital
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Dictan prisión preventiva a Santiago Hazim y otros implicados en caso Senasa
El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros seis implicados en el caso Senasa.
El magistrado Rigoberto Sena ordenó que Hazim, exdirector del Senasa, cumpla la medida de coerción en el centro penitenciario de Najayo.
Asimismo, el tribunal dictó prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones, así como contra Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Ellos también cumplirán la medida en la cárcel de Najayo.
En tanto, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo una solicitud del Ministerio Público.
Los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado prisión preventiva para siete de los diez imputados en el citado caso.

En resumen
🔴 Prisión preventiva por 18 meses (Najayo):
• Santiago Marcelo Hazim
• Rafael Luis Martínez Hazim
• Gustavo Enrique Messina Cruz
• Germán Rafael Robles Quiñones
• Francisco Iván Minaya Pérez
• Ramón Alan Speakler Mateo
• Ada Ledesma Ubiera
🟡 Arresto domiciliario (comerán lechón en su casa en Nochebuena)
• Eduardo Read Estrella: arresto domiciliario e impedimento de salida.
• Cinty Acosta Sención: arresto domiciliario, garantía económica de RD$100,000 e impedimento de salida.
• Heidi Mariela Pineda Perdomo: arresto domiciliario, garantía económica de RD$100,000 e impedimento de salida.
Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, solicitaron además que el proceso sea declarado como caso complejo.
Por su parte, los abogados de la defensa pidieron el rechazo de la prisión preventiva y que se impusieran medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y el pago de garantías económicas.
Al grupo se le imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
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