Noticias
¿Cómo y por qué murió Stephora? MP hace estremecedoras revelaciones
Veinticinco días pasaron para saber cuál fue la causa preliminar de la muerte de Stephora Ann-Merci Joseph, de acuerdo al informe 552-2025 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses fechado el 19 de noviembre la causa de muerte fue «asfixia mecánica por ahogamiento, es una muerte violenta. De etiología médico legal indeterminada, el mecanismo de la muerte fue insuficiencia respiratoria, la forma de producirse la muerte fue rápida».
En el documento no se establece la hora de la muerte, ya que aunque en el relato fáctico del ministerio público establece que los hechos comenzaron a las 9:45 de la mañana, el levantamiento del cadáver se produjo a las 2:05 de la tarde.
Los hechos
Según el ministerio público «las 9:44 de la mañana, la víctima se adentra a la piscina, caminando confiada la cual se encontraba sin ningún tipo de señalización y al momento en que llega a la mitad de la misma, se percató de que el nivel de agua era diferente y de inmediato, empezó a hundirse y hacer señas de auxilio con los brazos muestra de que se estaba ahogando».
Reseña el Listín Diario que el escrito del órgano acusador continúa explicando «que a las 9:45 la menor de edad, realizó esto se desesperación, luchando por tomar aire, por mantenerse a flote, por sobrevivir.
En la solicitud de medida de coerción establece que «mientras se estaba ahogando, la imputada Francisca Josefina Tavarez Vélez, camina por el borde de la piscina, justo al lado de la víctima y se desplaza sin siquiera voltear la cara, en cambio se dirige a la parte de la piscina donde está el jacuzzi y habla con unos niños que están ahí, regresando a la parte del gazebo, volviendo a pasar al lado de la víctima, sin que nada le llame la atención. Esta es una muestra extrema de la falta de cuidado y de la forma negligente e irresponsable en la que las imputadas realizaron la supervisión del área de la piscina».
El cuerpo de la niña ahogado permaneció en el fondo de la piscina durante 30 minutos de acuerdo al análisis pericial del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) cuando otro menor detectó el cuerpo de Stephora, que ya había subido, y es el quién ayuda a sacarla.
«Se ahogó, se ahogó», gritaba el menor, mientras llamaban a la imputada Vilma Altagracia Vargas Morel.
Maestras viendo el teléfono y conversando
En su relato establece que durante esos 31 minutos la imputada Vilma Altagracia Vargas Morel utilizaba su aparato celular, sin ver lo que estaba pasando, siendo todo esto captado por las cámaras de seguridad del lugar.
Posteriormente se mantenía conversando con la imputada Francisca Josefina Tavarez Vélez, «sin hacer una revisión de los menores de edad, que se encontraban dentro de la piscina».
«Llamaron al colegio primero y no al 911»
El expediente revela un detalle estremecedor, cuando un empleado de la hacienda y varios estudiantes insistieron en llamar al 911 a las 10:20 am, la imputada Francisca Tavarez respondió: “No. Están llamando a la directora.”
Se llamó primero al colegio, no al sistema de emergencias. La madre tampoco fue informada de inmediato, la llamaron 1 hora 25 minutos después de que estaba muerta para decirle que se estaba vomitando.
Cuando finalmente se activó el 911, ya Stephora estaba muerta.
Llamaron a madre más de una hora después
A la madre que llegó poco más de las 12 del mediodía le dijeron que su hija estaba viva bajo cuidados médicos sin embargo ya sabía que estaba muerta, una información que se le comunicó 4 horas después de estar en la parte frontal de la hacienda.
Durante ese tiempo entraron unidades del DICRIM, del SWAT y una ambulancia… pero nadie salió a hablar con ella.
En su relato el ministerio público tampoco establece que se hizo con la niña desde las 10:20 hasta las 2 : 05de la tarde cuando se hace el levantamiento del cadáver
Violación de los protocolos
El documento detalla que el colegio organizó la actividad llamada “Agasajo Guardia de Honor” violando la Orden Departamental 09-2009, que prohíbe terminantemente excursiones y actividades recreativas en ríos, playas, lagos y piscinas.
Pese a la prohibición, el centro aprobó la actividad, coordinada por las imputadas, para 87 estudiantes de entre 10 y 18 años, incluyendo a Stephora.
El lugar escogido fue Hacienda Los Caballos, un espacio que, d acuerdo al informe de la Defensa Civil, no contaba con salvavidas, señalización, rutas de evacuación ni protocolos de emergencia.
Sin verificar quién sabía nadar
Aunque los padres debían firmar una autorización para el uso de la piscina, el colegio nunca preguntó si los niños sabían nadar.
La propia madre de la niña declaró al Ministerio Público: “Mi hija no sabía nadar. Yo pensaba que era una piscina de niños. Ellos no me dieron detalles.”
Un grupo de niños la vio pidiendo ayuda
En el audiovisual se puede observar como un grupo de al menos cinco niños la ve mientras ella levanta las manos pidiendo ayuda al momento en que se está ahogando, ellos la señalan, pero nadie pide ayuda.
De hecho van hacia otros puntos de la piscina sin dar parte a las maestras, ni a ningún otro personal allí presente.
Las imputadas
la Fiscalía de Santiago depositó la solicitud de medida de coerción contra cuatro integrantes del equipo directivo y docente del colegio Leonardo Da Vinci, acusadas de homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores:
Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del instituto Leonardo Da Vinci; Gisela Altagracia de las Mercedes González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Responsabilidad penal
El Ministerio Público sostiene que las cuatro imputadas actuaron con torpeza, negligencia e imprudencia extrema, incumpliendo su deber de cuidado y violando normas nacionales.
La calificación jurídica que ha dado el ministerio público es homicidio involuntario (art. 319 CP), abandono y maltrato a menores (art. 351-2 CP) y Violación al Código de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Para el Ministerio Público, la muerte de Stephora fue resultado directo de: una excursión ilegal en un lugar inseguro, con alta total de supervisión, la omisión de auxilio y el incumplimiento de protocolos.
Noticias
Caso Senasa: Juez se reserva para este domingo fallo sobre medidas de coerción
El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, aplazó para este domingo, a las 6:00 de la tarde, la decisión sobre las medidas de coerción solicitadas contra los imputados en el caso Senasa, tras concluir la audiencia de conocimiento.
La decisión fue anunciada luego de una extensa jornada judicial que se prolongó por más de 12 horas, durante la cual el Ministerio Público concluyó la presentación de sus argumentos ante el tribunal.
La exposición estuvo a cargo de los fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes detallaron los elementos que, según sostienen, comprometen la responsabilidad penal de los acusados.
Posteriormente, las defensas de los imputados hicieron uso de la palabra para responder a las acusaciones y presentar sus objeciones a la solicitud de medidas.
Operación Cobra
El Ministerio Público informó el pasado fin de semana el lanzamiento de la denominada “operación Cobra”, una investigación que busca esclarecer la presunta sustracción de fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Como parte de este operativo, las autoridades realizaron alrededor de una docena de allanamientos simultáneos, con la participación de más de 20 fiscales y aproximadamente 200 agentes policiales.
Entre los implicados figuran Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa entre 2020 y 2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución en el mismo período; y Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del organismo.
También están vinculados al proceso Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud de Senasa; Ramón Alan Speakler Mateo, empleado de la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S. A.
La lista de imputados incluye además a Cinty Acosta Sención, gerente de Madison Medical, S. A.; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, quien se entregó a las autoridades la tarde del martes 8 de noviembre; y Heidi Mariela Pineda.
Noticias
Dos imputados caso Senasa comerán lechón en su casa en Nochebuena
Ministerio Público pide variar a arresto domiciliario la medida de coerción para Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.
El Ministerio Público solicitó al juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, variar su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Senasa, Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.
Los fiscales ahora están solicitando arresto domiciliario, garantía económica de millón de peso, impedimento de salida y presentación periódica en contra de ambos.
Previamente, el Ministerio Público había pedido prisión preventiva en contra de Read Estrella y Pineda.
Durante el pasado jueves, la defensa de Read Estrella, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y José Pablo Ortiz Giráldez, también conocido como «El Gordo».
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
Igualmente, Pineda admitió su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó a colaborar con las autoridades en el caso del Senasa.
El caso
El Ministerio Público anunció durante el fin de semana pasado la puesta en marcha de la denominada «operación Cobra», en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Este operativo conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales.
Hasta el momento los implicados en este caso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución durante el período 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.
También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.
Conforme a los fiscales al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Vía Listín Diario
-
Noticias3 díasEstas son las más de 20 acusaciones en contra de los implicados del caso Senasa
-
Deportes2 díasValdez se luce en triunfo del Licey sobre Gigantes
-
Panorama3 díasINTRANT justifica badén en el Malecón tras registrar 20 accidentes graves y 11 muertes en tres años
-
Panorama2 díasMujer denuncia que su esposo fue al cuartel a devolver un conejo y terminó preso
-
Noticias3 díasAplazan al jueves conocimiento de coerción a implicados en caso Senasa
-
Noticias2 díasDictan garantía económica a tres empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci por caso Stephora
-
Noticias1 díaIntrant reduce pendiente de rampa en el Malecón de Santo Domingo
-
Noticias14 horasDefensa de Santiago Hazim: podría morir en la cárcel, sufre de esclerosis múltiple















