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Danilo nombra funcionarios y mueve a otros a nuevos cargos
El presidente Danilo Medina designó este martes a Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como ministro de Relaciones Exteriores. Su nombramiento está contenido en el decreto número 201-14.
Vargas sustituye en el cargo a Andrés Navarro, quien pasó a ser ministro de Educación.
El mayor general Rubén Dario Paulino, quien fue ascendido a teniente general, fue nombrado Ministro de Defensa. Estaba en la Dirección General de Migración.
De su lado, Ramón (Monchy) Fadul, fue nombrado en el Ministerio de Trabajo. Se desempeñaba en el Ministerio de Interior y Policía, donde fue nombrado Carlos Amarante Baret, quien era titular del Ministerio de Educación.
En Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) fue nombrada Alejandrina Germán, quien era ministra de la Mujer, cargo que ocupará la perredeísta Jeannet Camilo.
Francisco Domínguez Brito, quien era procurador general de la República, pasa al Ministerio de Medio de Medio Ambiente, donde estaba Bautista Rojas Gómez, quien quedó sin funciones.
Jean Alain Rodríguez, quien estaba en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEIRD), pasó a ser procurador general de la República. En el CEIRD el presidente nombró a Luis Henry Molina.
Flavio Darío Espinal fue designado consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en sustitución de César Pina Toribio, quien quedó sin funciones.
De su lado, Danilo Díaz fue nombrado en el Ministerio de Deportes, cargo que ocupaba Jaime David Fernández Mirabal, quien tampoco fue nombrado en ningún cargo.
Mientras que Temístocles Montás, fue colocado en el Ministerio de Industria y Comercio y Isidoro Santana, en el de Economía, donde estaba Montás.
Donald Guerrero fue nombrado como ministro de Hacienda y Pedro Vergés en el Ministerio de Cultura, donde estaba José Antonio Rodríguez, quien no fue nombrado. De su lado, Robianny Balcácer fue colocado en el Ministerio de la Juventud.
Ministros confirmados
Los ministros confirmados en los cargos que se desempeñaban son José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia; Guztavo Montalvo, ministro de la Presidencia; Altagracia Guzmán Marcelino, en Salud Pública; Gonzalo Castillo, en el Ministerio de Obras Públicas; Francisco Javier García, en Turismo; Antonio Isa Conde, en el Ministro de Energía y Minas; Ángel Estevez, ministro Agricultura; Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública; Sigfrido Pared Pérez, como director Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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