La Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado este jueves en el que reitera su rol exclusivo como la única entidad con facultad constitucional y legal para administrar el Registro Civil en la República Dominicana.

La declaración surge como respuesta directa a un plan de colaboración anunciado entre el Ministerio de Interior y Policía (MIP) y el Colegio Dominicano de Notarios para abordar el problema de los ciudadanos sin actas de nacimiento.Dominican rum

En su comunicado, la JCE fue enfática al señalar que «no tiene asidero constitucional ni legal ningún acuerdo realizado entre entidades del Estado dominicano respecto al registro civil, sin la participación de la JCE».

El órgano electoral fundamenta su postura en el artículo 212 de la Constitución dominicana, que le confiere la responsabilidad única sobre la custodia de la identidad de los dominicanos, incluyendo el registro y resguardo de todos los nacimientos en el territorio nacional.

Aunque la JCE afirmó que mantiene acuerdos interinstitucionales con otras entidades del Estado para combatir el subregistro de nacimientos, subrayó que estos convenios son siempre suscritos y liderados por la propia Junta.

El Acuerdo que Originó la Respuesta
La reacción de la JCE se produce después de que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se reuniera con una comisión del Colegio de Notarios, encabezada por su presidente, Jhon Richard Paniagua Feliz.

En dicho encuentro, se acordó unir fuerzas para desarrollar un plan de acción que permitiera a los cientos de dominicanos sin acta de nacimiento obtener su identidad legal.

La propuesta de los notarios consistía en utilizar su red de filiales provinciales como centros de ayuda para canalizar declaraciones tardías y otros trámites, una iniciativa que la ministra Raful agradeció, expresando que «refuerza la capacidad institucional del Ministerio para enfrentar este desafío».

Por su parte, Paniagua Feliz calificó el encuentro como un «avance significativo» para atender una problemática de alto impacto social.

Sin embargo, con el contundente comunicado de la Junta Central Electoral, cualquier plan de acción en materia de registro civil que no cuente con la participación y rectoría directa de la JCE queda legalmente invalidado, dejando en el aire la viabilidad de la iniciativa entre el MIP y los notarios.

Atención a los que realizan carreras de motocicletas clandestinas y acrobacias (calibrar) o en cualquier otro vehículo, ya que el nuevo Código Penal de la República Dominicana establece condenas severas que varía dependiendo del daño que provoque.

Esto no será tratado como simples accidentes de tránsito, sino que tendrán repercusiones penales.

Según el Artículo 113, “muertes y daños con el uso de vehículos en carreras ilegales. La muerte de una o más personas causada o provocada con el uso de un vehículo de motor en práctica, acrobacias, competencias o carreras ilegales o no reguladas en lugar no autorizado, será sancionado con diez a veinte años prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público”.

En el párrafo I, estable que “si no causare la muerte y causare mutilaciones e incapacidades permanentes, la pena será de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.

Párrafo II.- Si solo causare golpes o heridas, la pena será de dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos.

Estas penas también abarcan a conductores de vehículos pesados o livianos que incurran en esas acciones ilegales, que son frecuentes en las carreteras.

En República Dominicana más 70% de las más de 2,100 muertes por accidentes de tránsito ocurridas en 2024, fueron en motocicletas según datos oficiales.

¿Qué es la prisión mayor?
Artículo 26 del nuevo Código Penal que entrará en vigencia dentro de un año, establece las escalas y cuantías de la prisión mayor. “Las escalas y cuantías de la pena de prisión mayor son las siguientes: 1) Prisión de treinta a cuarenta años; 2) Prisión de veinte a treinta años; 3) Prisión de diez a veinte años; 4) Prisión de cinco a diez años.

Vía Listín Diario