“Yo soy inocente; yo di las pruebas porque no me encontraba en el centro educativo. Ella dice que fue hace tres meses y todos saben que hace tres meses no había docencia”, fueron las palabras de Fernando Altagracia Peña Eusebio, un profesor de la escuela básica La Siria, del municipio Quisqueya, acusado de violar a una menor de 13 años en ese centro.

Ayer, miércoles fue la audiencia de medida de coerción en su contra, donde fue sentenciado a tres meses de prisión preventiva,

El pasado lunes, la vista fue aplazada por el paro de labores desarrollado por fiscales en demanda de aumento salarial.

En el fallo se ordena la reclusion de Peña Eusebio en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR-11).

CHIVO EXPIATORIO
“Le advertimos al Ministerio Público, de manera responsable, que con Fernando no van a coger chivo expiatorio. Nosotros tenemos las pruebas y en el momento que nos sintamos acorralados vamos a presentar todas las pruebas que tenemos para demostrar que Fernando es inocente”, señaló Santana.

Manuel Enrique Rodríguez, padre de la menor, declaró estar “agradecido con Dios porque las cosas salieron de esa manera”.

A pesar de las medidas que le fueorn impuestas al presunto agresor sexual, Enrique Rodríguez señaló que espera que “Alejandro sea agarrado”.

Se refiere a Alejandro Roberto Bello Matos, un profesor de matemáticas también señalado de supuestamente haber violado a la menor, quien está prófugo.

EL CONCEPTO
La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a coerción o amenazas. Si usted ha sido víctima de violencia sexual, no es su culpa, porque esta nunca es culpa de la víctima.

La agresión sexual, el abuso sexual, el incesto y la violación son todos tipos de violencia sexual. La violencia sexual es un problema de salud pública grave.

Ocurre con más frecuencia en las mujeres, pero los hombres también son víctimas. la violencia sexual no se limita a la violación.

FUENTE: Listín Diario

El ministro de Educación, Ángel Hernández, se refirió este lunes al caso de agresión sexual que involucra a dos profesores y una estudiante de 13 años en un centro educativo de San Pedro de Macorís, asegurando que el asunto “ya pasó” y que está en manos de la justicia.

Al ser abordado por periodistas sobre el caso, que ha causado gran consternación en el país, Hernández declaró: “Ya eso pasó, ya eso es un tema que la justicia lo tiene en las manos”.

Sin embargo, calificó el hecho como “lamentable”, aunque insistió en que no debe considerarse un reflejo de todo el gremio docente, reseña el diario Hoy.

Defiende comunidad educativa 
El ministro, en su intervención, dejó en claro que no cree que el caso sea motivo para generalizar sobre los docentes.

“Son casos lamentables, pero no podemos juzgar a toda la clase magisterial por un hecho aislado. Yo no digo que sea el único caso, hay más casos, pero en el sistema educativo hay 130,000 docentes. Que alguien cometa un error no es justificable, pero no es la realidad”, afirmó Hernández.

Además, reiteró su apoyo a la comunidad educativa, señalando que los docentes, en general, son “buenas personas” comprometidas con la educación, y que el comportamiento de algunos no representa a todos.

Detalles del caso
El caso ha conmocionado a diversos sectores de la sociedad, sobre todo después de que la menor presuntamente relatara a las autoridades cómo los acusados, Fernando Altagracia Peña Eusebio y Alejandro Roberto Bello Matos, la amenazaban para que no denunciara los abusos.

Según la investigación del Ministerio Público, los profesores cometieron los abusos en hechos separados, tanto en el centro educativo como en una iglesia cristiana.

Bello Matos, quien se encuentra prófugo, es primo de Peña Eusebio, quien ya se entregó a las autoridades.

La menor, a quien se le preserva su identidad por razones de seguridad, afirmó que el maestro de Matemáticas, Alejandro Roberto Bello Matos, la esperaba en la iglesia temprano en la mañana para llevar a cabo los abusos.

El Ministerio Público aseguró que existen pruebas suficientes para sostener razonablemente que los docentes cometieron los abusos, y solicitó prisión preventiva como medida de coerción.

Los acusados enfrentan cargos por violación de los artículos 330, 331 y 333-2 del Código Penal Dominicano.