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DEA arresta en Miami a empresario aeronáutico José Miguel Patín

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Periódico EL DÍA.-Uno de los más tradicionales empresarios aeronáuticos dominicanos, José Miguel Patín, se encuentra arrestado en Miami acusado de formar parte de una estructura de narcotráfico que utilizaba aviones para llevar a Estados Unidos cargamentos de cocaína utilizando aeronaves con rutas de vuelos legales.

También es investigado por una nueva modalidad detectada por las autoridades norteamericanas consistente en comprar en Estados Unidos aviones de manera legal, trasladarlos hasta territorio dominicano, donde son estacionados con todos sus registros y documentación legal. Posteriormente son utilizados por los grupos de narcotráfico para mover la droga que llega a República Dominicana de tránsito.

Aunque la detención de Patín se produjo el 6 de diciembre por parte de agentes de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) y que afecta a uno de los más reconocidos empresarios de la aviación civil dominicana, el caso ha sido tratado con bajo perfil por parte de las autoridades dominicanas, las cuales hasta el momento no han emitido ninguna información oficial al respecto.

EL DÍA confirmó que Patín está detenido en el Federal Detención Center (FDC), de Miami, donde aguarda por un proceso judicial por narcotráfico, el cual ya inició la Fiscalía del Distrito Sur de La Florida.

El empresario aeronáutico está registrado en la citada cárcel con el número 09740-104. Patín fue arrestado junto al también dominicano Wilkin de Jesús Matos Félix, un piloto que trabaja para la empresa Servicios Aéreos Profesionales (SAP), que dirige Patín desde su fundación en 1981.

Esta empresa empezó a funcionar en el antiguo aeropuerto de Herrera y junto a Caribair (cuyo presidente también confrontó un proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico) se convirtió en una de las principales del ramo en el país. Desde hace meses agentes de la DEA daban seguimiento a Patín.

Los servicios aeronáuticos
En la actualidad la empresa SAP, que dirige José Miguel Patín, tiene sede en el aeropuerto “Joaquín Balaguer” (El Higüero), desde donde ofrece servicios de arrendamiento de avionetas y helicópteros, servicios de ambulancia aérea, excursiones y vuelos privados, en especial a Miami, Puerto Rico, Cuba y las islas de las Antillas Menores.

Portal Acento dio los detalles
Conspiración para obtener con intento de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y posesión con intento de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, son las acusaciones que pesan en contra del empresario aeronáutico dominicano José Miguel Patín, de Servicios Aéreos Profesionales (SAP Group), arrestado en Miami, Estados Unidos por agentes de la DEA, publicó el portal Acento.com.do

Según el documento del caso número 16-mj-03640-AOR, que conocerá la jueza Alicia M. Otazo-Reyes, y al que Acento obtuvo acceso, tanto Patín como Wilkin de Jesús Matos Feliz – aparente colaborador del empresario dominicano -, enfrentan cargos federales por violación al código 21 U.S.C. 846 y 21 U.S.C 841 (a) (1).

En el documento, el agente especial Michael Shaw, de la DEA (Administración para el Control de Drogas o Drug Enforcement Administration), en declaración jurada, señala que, la DEA estableció una “fuente confidencial” o informante confidencial durante la investigación, la cual indica que suministró información de que la fuente recibió múltiples kilogramos de cocaína y heroína anteriormente de Patín, quien, según la declaración, había contrabandeado narcóticos hacia Estados Unidos de diversas formas, incluyendo narcóticos ocultos en aviones operados por la compañía aérea de Patín, ubicada en el aeropuerto ejecutivo de condado de Brodward, en Florida.

Shaw, en su declaración jurada, sostiene que el 15 de noviembre del 2016, la fuente realizó una llamada telefónica monitoreada y grabada a Patín, quien aceptó reunirse con dicha fuente anónima al día siguiente y entregarle el contrabando.

El 16 de noviembre, 2016, acorde con la declaración, Patín instruyó la fuente para encontrarse en el Islander Café, la cual fue grabada y monitoreada por los agentes de la DEA, la cual ocurrió aproximadamente a las 11:16 de la mañana. En dicha reunión, Patín supuestamente conversó sobre su negocio de narcóticos.

En la conversación, el empresario dominicano habría incluso preguntado al informante si conocía a alguien que necesitara un cargamento mayor (20 kilos). En esa reunión se negociaron dos kilogramos de cocaína con el informante, los cuales fueron entregados por Wilkin de Jesús Matos Feliz ese día por instrucción de Patín.

Días después, el 5 de diciembre, a través de una llamada telefónica, Patín, quien se encontraba en República Dominicana en el momento, aceptó reunirse con el informante de la DEA el siguiente día (6 de diciembre) para recibir el pago dos kilogramos de cocaína que habrían negociado en la reunión anterior, y le confirmó que se encontraba armando un cargamento de cocaína para introducirlo a Miami, la cual fue requerida por la fuente de la entidad antidrogas.

El 6 de diciembre, según Shaw, Patín y Matos fueron arrestados en el estacionamiento del Islander Café, luego de que la fuente de la DEA les indicara que el dinero por los dos kilos de cocaína se encontraba dentro de su vehículo.

Posteriormente, en una revisión hecha por la unidad canina K-9 al vehículo de Patín, se encontraron dos cajas en el asiento trasero, que contenían dos kilogramos de cocaína.

El automóvil, una Toyota Highlander 2015, placa ERJR92, registrada a nombre de Isabel María Patín, hija del detenido, fue encontrada por los agentes en el espacio de estacionamiento de la vivienda del empresario.

Tras a su arresto, Patín indicó a los agentes federales que su esposa e hija se encontraban en República Dominicana desde hacía más de un mes. Al preguntarle, según el documento, quién se había estacionado en el espacio de su apartamento (el día anterior, el vehículo no fue visto en el lugar por los agentes), Patín respondió que él se había estacionado allí, sin embargo, poco después intentó negar su declaración anterior.

Las penas

Según un documento con las penalidades de tráfico federal, colgado en el portal web de la Administración para el Control de Drogas, de determinarse la culpabilidad Patín y Matos, enfrentarían penas de no menos de 10 años y no más de cadena perpetua, por cinco kilogramos o más, y una multa de no más de 10 millones de dólares, si se trata de una primera ofensa.

De ser una segunda ofensa, las penas serían de no menos de 20 años, multa de no menos de 20 millones de dólares y pena perpetua en caso de daños físicos severos o muerte.

Actualmente, Patín se encuentra bajo arresto en el Centro de Detención Federal de Miami, registrado con el número 09740-104 y fecha de libertad desconocida, de Estados Unidos, luego de que fuera detenido para fines de investigación. Las autoridades en República Dominicana no se han pronunciado sobre su arresto.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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VIDEO: Fuertemente armados seis hombres asaltan estación de gas

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A plena luz del día, con pasamontañas, en una camioneta doble cabina y con armas de distintos calibres. Así llegaron seis delincuentes y asaltaron una estación de expendio de Gas Licuado de Petróleo en el sector Los Mameyes en Santo Domingo Este.

Un video de la cámara de seguridad del establecimiento capta la acción de los asaltantes, mientras el tránsito continuaba normal, y los conductores estaban ajenos a lo que allí ocurría, publica el Listin Diario.

Llegan en la camioneta, el conductor permanece en ella y bajan cinco hombres con armas largas y cortas. Entran y solo se observa su movimiento sin captar el momento en que los empleados son atados con tairrá.

Primero sacan una bolsa plástica que se presume tenía dinero, luego uno de los hombres armados cierra a la mitad el portón de hierro y sacan una caja.

Mientras el asalto se escenificaba, en un colmado ubicado al frente, del otro lado de la calle, un grupo de personas que observó la acción salió despavorido. Cerraron el negocio y desaparecieron como por arte de magia.

Se dijo que hubo disparos en el interior de la estación de GLP, pero no hay informes de heridos.

El video tiene fecha del 21 de mayo, pero dicen que ocurrió ayer 23 en horas de la tarde.

Aunque la noticia es tendencia en las redes sociales, no hay informes de la Policía Nacional.

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Inspectoría MP pide suspensión de fiscal SFM solicitó cambiar coerción a acusado de matar a su pareja

El inspector del MP también solicitó la suspensión del procurador de la corte Antonio de Jesús Báez Tapia, de Montecristi

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del fiscalizador Engels Luis Polanco Henríquez de la provincia Duarte y del procurador de corte Antonio de Jesús Báez Tapia de Montecristi por incurrir en “faltas graves” y “muy graves”.

El procurador adjunto Juan Medina de los Santos, inspector general, presentó la solicitud a la procuradora general Miriam Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.

“Engels Luis Polanco Henríquez ha ejercido sus funciones indebidamente al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público”, explica la instancia relacionada con el caso de una mujer asesinada de 351 cuchilladas.

La petición se hace luego de que este solicitara la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica para Eusebio Rosario Hernández (Eddy), acusado de matar a cuchilladas a Carmen Paulino Gabriel (Rafelina) en un hecho ocurrido en junio de 2021 en San Francisco de Macorís.

La Inspectoría General del Ministerio indica que la postura del fiscalizador se «aleja aún más de la lógica cuando se toma en cuenta que el propio Polanco Henríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la referida medida de coerción de prisión preventiva que cumple Rosario Hernández (Eddy), imputado, junto a un hijo menor de edad, del crimen.

Señala que, precisamente el 22 de febrero, el fiscalizador argumentaba sobre la falta de presupuestos que presentaba la defensa de Rosario Hernández y sostenía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva contra el imputado.

Sin embargo, el 18 de este mes, el mismo fiscalizador varió su criterio “ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia de dicho imputado a los demás actos del proceso”.

El inspector Medina de los Santos señala además, en una nota enviada por Procuraduría General, que el caso no se acogía al artículo 241 del Código Procesal Penal, sobre el cese de la prisión preventiva. Sobre ese particular, indicó que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había llegado a su término, sino que se cumplía el 07 de junio, “por lo que no se justifica que sea el fiscal que solicite la variación de la medida de coerción, por el vencimiento de un plazo que todavía no había vencido, máxime en un caso con una gravedad tal como el que nos ocupa”.

Caso Montecristi
En cuanto al procurador de corte de Montecristi, Antonio de Jesús Báez Tapia, el inspector Medina de los Santos solicitó el pasado 16 de mayo la suspensión de dicho representante del Ministerio Público, por ejercer sus funciones indebidamente, “al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución”.

Plantea que Báez Tapia incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11), por “no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado”, por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña.

Báez Tapia retiró los cargos además contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como contra el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.

La exfiscalizadora y los cuatro agentes antinarcóticos son procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez, en agosto de 2019, un hecho que quedó registrado en un video conocido por casi toda la población.

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