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DEA arresta en Miami a empresario aeronáutico José Miguel Patín

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Periódico EL DÍA.-Uno de los más tradicionales empresarios aeronáuticos dominicanos, José Miguel Patín, se encuentra arrestado en Miami acusado de formar parte de una estructura de narcotráfico que utilizaba aviones para llevar a Estados Unidos cargamentos de cocaína utilizando aeronaves con rutas de vuelos legales.

También es investigado por una nueva modalidad detectada por las autoridades norteamericanas consistente en comprar en Estados Unidos aviones de manera legal, trasladarlos hasta territorio dominicano, donde son estacionados con todos sus registros y documentación legal. Posteriormente son utilizados por los grupos de narcotráfico para mover la droga que llega a República Dominicana de tránsito.

Aunque la detención de Patín se produjo el 6 de diciembre por parte de agentes de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) y que afecta a uno de los más reconocidos empresarios de la aviación civil dominicana, el caso ha sido tratado con bajo perfil por parte de las autoridades dominicanas, las cuales hasta el momento no han emitido ninguna información oficial al respecto.

EL DÍA confirmó que Patín está detenido en el Federal Detención Center (FDC), de Miami, donde aguarda por un proceso judicial por narcotráfico, el cual ya inició la Fiscalía del Distrito Sur de La Florida.

El empresario aeronáutico está registrado en la citada cárcel con el número 09740-104. Patín fue arrestado junto al también dominicano Wilkin de Jesús Matos Félix, un piloto que trabaja para la empresa Servicios Aéreos Profesionales (SAP), que dirige Patín desde su fundación en 1981.

Esta empresa empezó a funcionar en el antiguo aeropuerto de Herrera y junto a Caribair (cuyo presidente también confrontó un proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico) se convirtió en una de las principales del ramo en el país. Desde hace meses agentes de la DEA daban seguimiento a Patín.

Los servicios aeronáuticos
En la actualidad la empresa SAP, que dirige José Miguel Patín, tiene sede en el aeropuerto “Joaquín Balaguer” (El Higüero), desde donde ofrece servicios de arrendamiento de avionetas y helicópteros, servicios de ambulancia aérea, excursiones y vuelos privados, en especial a Miami, Puerto Rico, Cuba y las islas de las Antillas Menores.

Portal Acento dio los detalles
Conspiración para obtener con intento de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y posesión con intento de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, son las acusaciones que pesan en contra del empresario aeronáutico dominicano José Miguel Patín, de Servicios Aéreos Profesionales (SAP Group), arrestado en Miami, Estados Unidos por agentes de la DEA, publicó el portal Acento.com.do

Según el documento del caso número 16-mj-03640-AOR, que conocerá la jueza Alicia M. Otazo-Reyes, y al que Acento obtuvo acceso, tanto Patín como Wilkin de Jesús Matos Feliz – aparente colaborador del empresario dominicano -, enfrentan cargos federales por violación al código 21 U.S.C. 846 y 21 U.S.C 841 (a) (1).

En el documento, el agente especial Michael Shaw, de la DEA (Administración para el Control de Drogas o Drug Enforcement Administration), en declaración jurada, señala que, la DEA estableció una “fuente confidencial” o informante confidencial durante la investigación, la cual indica que suministró información de que la fuente recibió múltiples kilogramos de cocaína y heroína anteriormente de Patín, quien, según la declaración, había contrabandeado narcóticos hacia Estados Unidos de diversas formas, incluyendo narcóticos ocultos en aviones operados por la compañía aérea de Patín, ubicada en el aeropuerto ejecutivo de condado de Brodward, en Florida.

Shaw, en su declaración jurada, sostiene que el 15 de noviembre del 2016, la fuente realizó una llamada telefónica monitoreada y grabada a Patín, quien aceptó reunirse con dicha fuente anónima al día siguiente y entregarle el contrabando.

El 16 de noviembre, 2016, acorde con la declaración, Patín instruyó la fuente para encontrarse en el Islander Café, la cual fue grabada y monitoreada por los agentes de la DEA, la cual ocurrió aproximadamente a las 11:16 de la mañana. En dicha reunión, Patín supuestamente conversó sobre su negocio de narcóticos.

En la conversación, el empresario dominicano habría incluso preguntado al informante si conocía a alguien que necesitara un cargamento mayor (20 kilos). En esa reunión se negociaron dos kilogramos de cocaína con el informante, los cuales fueron entregados por Wilkin de Jesús Matos Feliz ese día por instrucción de Patín.

Días después, el 5 de diciembre, a través de una llamada telefónica, Patín, quien se encontraba en República Dominicana en el momento, aceptó reunirse con el informante de la DEA el siguiente día (6 de diciembre) para recibir el pago dos kilogramos de cocaína que habrían negociado en la reunión anterior, y le confirmó que se encontraba armando un cargamento de cocaína para introducirlo a Miami, la cual fue requerida por la fuente de la entidad antidrogas.

El 6 de diciembre, según Shaw, Patín y Matos fueron arrestados en el estacionamiento del Islander Café, luego de que la fuente de la DEA les indicara que el dinero por los dos kilos de cocaína se encontraba dentro de su vehículo.

Posteriormente, en una revisión hecha por la unidad canina K-9 al vehículo de Patín, se encontraron dos cajas en el asiento trasero, que contenían dos kilogramos de cocaína.

El automóvil, una Toyota Highlander 2015, placa ERJR92, registrada a nombre de Isabel María Patín, hija del detenido, fue encontrada por los agentes en el espacio de estacionamiento de la vivienda del empresario.

Tras a su arresto, Patín indicó a los agentes federales que su esposa e hija se encontraban en República Dominicana desde hacía más de un mes. Al preguntarle, según el documento, quién se había estacionado en el espacio de su apartamento (el día anterior, el vehículo no fue visto en el lugar por los agentes), Patín respondió que él se había estacionado allí, sin embargo, poco después intentó negar su declaración anterior.

Las penas

Según un documento con las penalidades de tráfico federal, colgado en el portal web de la Administración para el Control de Drogas, de determinarse la culpabilidad Patín y Matos, enfrentarían penas de no menos de 10 años y no más de cadena perpetua, por cinco kilogramos o más, y una multa de no más de 10 millones de dólares, si se trata de una primera ofensa.

De ser una segunda ofensa, las penas serían de no menos de 20 años, multa de no menos de 20 millones de dólares y pena perpetua en caso de daños físicos severos o muerte.

Actualmente, Patín se encuentra bajo arresto en el Centro de Detención Federal de Miami, registrado con el número 09740-104 y fecha de libertad desconocida, de Estados Unidos, luego de que fuera detenido para fines de investigación. Las autoridades en República Dominicana no se han pronunciado sobre su arresto.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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