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Se entrega joven agredió brutalmente a compañera de clase
Bayaguana RD.– Se entregó a las autoridades el joven Daniel Alberto López Vázquez (Cuchi), acusado de agredir brutalmente a una de sus compañeras de clases en un liceo del municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata.
La información la ofreció la fiscal para Asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes de Monte Plata, Rosetty Beltré, quien además adelantó que mañana domingo el joven Daniel López, será traducido a un fiscal ordinario para que se proceda con el proceso judicial, debido a que como es mayor de edad no puede ser sometido por esa jurisdicción especial.
Vea también: Menor agredida en un liceo de Bayaguana narra su versión de los hechos
Daniel López está detenido en el cuartel de Monte Plata, y fue entregado por su padre y un abogado.
Se recuerda que un video muestra a Daniel López golpeando a una de sus compañeras del liceo educativo Félix Rafael Nova, de Bayaguana, el cual se hizo viral y generó indignación en diversos sectores de la sociedad.
Agredida no sabe porqué él la golpeó
La estudiante de primero de bachiller, menor de edad, oriunda de un batey de Bayaguana, que fue agredida por un compañero de clases declaró a Diario Libre que el joven de 18 años ya le había dicho malas palabras anteriormente; sin embargo no se explica porqué la agredió.
La joven y su familia exigen a la fiscalía del municipio todo el peso de la ley: “Espero que le den cinco años en una correccional y luego un año de prisión”, dijo la menor.
Según ella, lo que recuerda previo a los golpes es que la maestra le pidió a ella que entregara la mascota y él se interpuso y terminó dándole los golpes. Eso no explica, no obstante, porqué un compañero grabó los instantes previos.
Familiares de la estudiante, de 15 años agredida física y verbalmente por un compañero de clases, de 18, en el Centro Educativo Félix Rafael Nova, de aquí piden que el victimario sea apresado y sometido a la justicia por los daños causados a la adolescente de ascendencia haitiana.
Samuel Buini, padre de la víctima, dijo que no están dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo con el estudiante Daniel López Vázquez que implique que este sea dejado en libertad y exigió a las autoridades que hagan todos los esfuerzos para capturarlo, tras denunciar que no percibe en estas interés en que eso se produzca, situación que atribuye a que alegadamente el agresor es hijo de un oficial de la Policía.
Desde su humilde vivienda, construida de zinc y madera, ubicada en el batey El Kilombo de la citada comunidad Bruni que “estoy esperando apoyo de la justicia para poder resolver este caso, porque es la justicia que tengo que esperar; no puedo pelear, no puedo coger un machete” expresa.
En ese sentido culpa a las autoridades de la escuela por no haber tomado medidas con el agresor anteriormente, de quien dice ha recibido informaciones de que es reincidente en protagonizar incidentes violentos con otros de sus compañeros de estudio.
Diario Libre y CDN
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Dictan coerción a La Tora por querella de Iluminada Muñoz
A Claudia Pérez, conocida como la Tora, le fue impuesta la tarde del jueves una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público.
Las medidas de coerción buscan asegurar su asistencia al proceso por una querella en su contra interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.
Reseña Diario Libre que las medidas coercitivas fueron impuestas por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien en horas de la mañana había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias de la causa.
Pocas horas después de hacerse pública la orden de captura, «la Tora» se presentó, de manera voluntaria, al tribunal.
Emery Colomby Rodríguez, abogada de Muñoz, informó que Pérez «nunca ha dado la cara» ante la demanda interpuesta por su clienta, a pesar de haber sido citada en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público.
Sin embargo, al presentarse al tribunal, la Tora contradijo las declaraciones de su acusadora y aseguró que su ausencia en las audiencias previas se debió estrictamente a que nunca recibió las notificaciones legales de manera correcta.
Durante su comparecencia, la Tora también reveló que mantiene un proceso judicial activo en contra de Muñoz, a quien imputa de haberla denostado en un video difundido a través de la plataforma de contenido Cachicha.
Asimismo, aclaró que el conflicto legal entre ambas no tiene una duración de dos años como se ha divulgado, sino que llevan seis años enfrentándose en los tribunales.
«La Tora»: «La agraviada he sido yo»Claudia Pérez sostuvo ante el juez que la verdadera víctima en este conflicto ha sido ella, señalando directamente a la periodista Muñoz.
Pérez dijo que Muñoz se burla de ella públicamente y le atribuye de manera infundada conductas delictivas.Asimismo, explicó que estas declaraciones han afectado gravemente su estatus migratorio y su reputación como «empresaria próspera».
«Mi nombre quedó embarrado, hasta mi visa me la quitaron por ella», enfatizó la Tora.Agregó: «Yo tengo más de 20 años visitando este tribunal, la justicia dominicana y siempre he sido responsable en todos mis procesos».
Finalmente, manifestó su firme rechazo a cualquier posibilidad de conciliación con Muñoz.
Un historial recurrente en los tribunales
Hace apenas dos meses, Claudia Pérez Ramírez fue condenada a un año de prisión en la cárcel de Najayo Mujeres y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, también por una demanda de difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).
Dicha sentencia aún no se ha ejecutado debido a que se encuentra en fase de apelación. En este proceso igualmente se llegó a emitir una orden de captura en su contra por incomparecencia a las audiencias.
El historial de arrestos de Pérez incluye un incidente en mayo de 2016, cuando fue detenida tras lanzar piedras y zapatos contra los militares y policías que custodiaban la Junta Central Electoral de Pedro Brand, demarcación donde aspiraba a regidora y perdió las elecciones.
Actualmente, tanto la Tora como su hija, Ingrid Jorge, enfrentan constantes procesos judiciales bajo acusaciones similares de vulnerar la honra de funcionarios, exfuncionarios y diversas personalidades públicas.
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Apresan en Jamaica a acusado de la muerte de conductor de camión de basura en Santiago
La Policía Nacional informó la captura en Jamaica del dominicano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura en Santiago.
La institución explicó que la captura fue posible gracias a labores de investigación y cooperación internacional, en las que participaron la INTERPOL Santo Domingo y las autoridades de Jamaica.
De acuerdo con las informaciones preliminares, Metz Cruz habría utilizado un nombre falso para ingresar ilegalmente a Jamaica, a donde llegó por vía marítima.
Tras establecerse su ubicación, organismos de ambos países coordinaron labores de inteligencia que permitieron su captura. En el operativo también fueron detenidas otras personas de nacionalidad dominicana.
Metz Cruz era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-6332/4-2026, de fecha 19 de abril de 2026, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.
Según la Policía, el detenido es señalado como presunto autor, junto a una turba de motoristas, de la muerte de Abreu Quezada, quien habría sufrido una herida de arma blanca durante un incidente de tránsito ocurrido el 17 de abril de 2026, en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago.
Por este hecho, otros individuos ya han sido sometidos a la acción de la justicia.
Las autoridades dominicanas, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes, realizan las gestiones necesarias para el traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz a República Dominicana, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.
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