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Acroarte pide al TC suspender juramentación de nuevos directivos

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Cándido Simó, abogado de Acroarte.

El gremio recurrió sentencia que posibilitó el voto de los miembros pasivos en las elecciones en la que resultó electa Emelyn Baldera.

SANTO DOMINGO. La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) recurrió hoy ante el Tribunal Constitucional la sentencia que habilitó a los miembros pasivos para votar en las elecciones celebradas el 24 del pasado mes en la que resultó electa la periodista Emelyn Baldera y pidió que no sea juramentada por la Junta Electoral.

Así lo establece el abogado de Acroarte, el jurista Cándido Simón quien depositó ayer el recurso que procura la revisión de la sentencia de amparo evacuada el 23 de junio de éste año por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Simón establece en el documento que la disposición del tribunal contraviene jurisprudencia dictadas por el Tribunal Constitucional con relación al funcionamiento de las sociedades privadas sin fines de lucro.

El abogado explicó que el tribunal de Primera Instancia, habría violentado los derechos de los miembros activo, por lo que solicitó al Tribunal Constitucional, como medida cautelar de urgencia la suspensión de la toma de posesión del consejo directivo electo en Santo Domingo, así como en las filiales de Santiago, Nueva York y La Florida hasta tanto no sea conocido el caso.

“En cuanto al fondo, establecer y probar que el amparo no tutela el sufragio en los gremios profesionales, sindicales ni otra suerte de entidad semejante, y por lo tanto, no tutela el sufragio en Acroarte”.

Recurrentes y fundamentos
En representación de Acroarte, sustentan el reclamo el presidente del gremio, periodista Jorge Ramos, así como su secretario general, el también periodista Ulises Jiménez.

“En atención a los artículos 40.9, 69 y 149. III de la Constitución, combinados con el artículo 5 de la Ley 137-11, que establecen el derecho procesal al recurrir como una garantía fundamental de tutela judicial que permite al afectado por una decisión jurisdiccional, acceder al órgano de jerarquía superior par que revise si el tribunal aquo ha incurrido en infracción de las normas constitucionales o violación o afectación de los derechos fundamentales, y una vez establecido esto, restituir al recurrente el derecho conculcado.

Cándido Simón consideró que la jueza itinerante distorsionó la naturaleza y categoría normativa de las resoluciones de la Junta de Elecciones que son directrices normativas “de las elecciones, pero se bastan así mismas como fuente genera, puesto que estas solo se limitaron a implementar la resolución general No.1-2015 del consejo directivo de homologar en el año 2016 por la Asamblea General que si es de aplicación general, la jueza comete un error deliberado al afirmar que la junta de elecciones, en fecha 9 de junio reiteró la prohibición de ejercer el derecho al voto de los miembros pasivos”.

Aseguró que la Junta de Elecciones no le prohibió el derecho a voto a los pasivos, sino que les informó quienes estaban en la categoría de pasivos desde septiembre de 2015 conforme había dispuesto el comité ejecutivo porque los artículos 14 y 15 de los estatutos de Acroarte así lo disponen.

Los pasivos que reclamaron
Entre los periodistas que solicitaron su derecho al voto y que formaban parte del grupo de los pasivos, figuran

José Alberto Peña Cabreja, Ygnario Sesilio Guerrero Tavarez, José Agustín Tavarez Gil, Carmen Zinaida Monserrat Rodríguez Santos, Marín Ramírez Grullón, Máximo Ramón Eurípides Cabral Jiménez, Rubén Benigno José Camilo Rivas, Julio Eduardo Martínez Díaz, Anthony Pérez Díaz, Pedro Morillo, William Radhames Pérez Peña, Guillermo de Jesús Díaz Gómez, Angola Altagracia Genao Rodríguez y Rafael Díaz.

El proceso eleccionario enfrentó a las periodistas Emelyn Baldera y Cristina Liriano.

Fuente: Diario Libre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Jueza autoriza salida del país a imputado del caso Coral y Coral 5G para cita médica

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La jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, autorizó la salida del país hacia los Estados Unidos de Alejandro José Montero Cruz, imputado en la red de corrupción administrativa de los casos Coral y Coral 5G, con el objetivo de asistir a una cita médica por problemas de salud.

La autorización fue concedida para el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025. Debido a esta situación, el tribunal, integrado además por las magistradas Tania Yunes y Jissell Naranjo, decidió recesar la audiencia hasta el 6 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que continuará el juicio seguido a los imputados de la estructura criminal del caso Coral y Coral 5G.

Esta red está compuesta por militares y policías acusados de estafar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, mediante nombramientos irregulares y otras anomalías administrativas.

Medidas judiciales y notificaciones oficiales
En la resolución, el tribunal ordenó a la secretaría notificar la autorización de salida a la Dirección General de Migración, a la parte solicitante, al Ministerio Público y a la parte querellante constituida en actor civil.

Montero Cruz cumple actualmente medida de coerción consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, la cual fue flexibilizada de manera temporal debido a su condición médica.

Según lo expuesto por las juezas, el imputado requiere atención médica especializada fuera del país, razón por la cual se decidió posponer el cronograma judicial, a fin de garantizar su derecho a la defensa y su presencia en el proceso.

Próxima audiencia y fase final del juicio
Para la próxima audiencia se espera que el tribunal retome la fase de conclusiones, así como las declaraciones finales de los imputados que decidan hacer uso de ese derecho en la sala de audiencias.

Será la oportunidad para que los acusados que así lo deseen se dirijan directamente a las juezas, una vez queden formalmente cerradas las constituciones de las partes.

Imputados del caso Coral y Coral 5G
En el caso Coral figuran como imputados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exencargado financiero del Cusep; Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez, colaborador principal del Ministerio Público.

En la Operación Coral 5G, derivada del caso Coral, están acusados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

También figuran como imputados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, todos bajo medidas de coerción.

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Reapresan reo que se fugó de cárcel de Rafey y se atrincheró en vivienda cercana

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SANTIAGO — Un recluso que se fugó del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres fue reapresado en una vivienda cercana, tras generar alarma entre residentes y un operativo de seguridad en los alrededores del penal.

El hecho ocurrió la tarde de ayer martes, cuando el interno logró escapar de las instalaciones y fue visto en un segundo nivel de una casa cercana, vistiendo el uniforme carcelario de color verde, según se observa en un video viralizado en redes sociales.

Vecinos alertaron a las autoridades, lo que motivó el despliegue de agentes del sistema penitenciario y organismos de seguridad, quienes lograron capturarlo sin que se reportaran heridos ni incidentes mayores.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del fugado ni han detallado cómo se produjo la fuga ni si hubo fallas en los protocolos de seguridad del centro.

El incidente ha reavivado cuestionamientos sobre el control y vigilancia en el penal, ubicado en una zona con áreas residenciales cercanas.

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