La Cámara de Diputados aprobó en única lectura la resolución aprobatoria del acuerdo entre el gobierno dominicano y la farmacéutica Pfizer, para el suministro de casi ocho millones de dosis (7,999,875) de su vacuna para prevenir el contagio de la Covid-19.

La compra de las vacunas tendrá un costo total de casi 96 millones de dólares, (unos US$95,998,500 específicamente).

El acuerdo aprobado es sobre el Pliego de Condiciones Vinculantes entre el Estado dominicano, representando por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social y Pfizer, Inc, por lo que aún resta la presentación del contrato definitivo.

El acuerdo ya había sido aprobado por el Senado de la República en la pasada sesión del 19 de enero, por lo que el Poder Ejecutivo podrá proceder con la definición del contrato definitivo con la farmacéutica.

Según el Pliego de Condiciones Vinculantes, la vacunas serían entregadas a partir de según trimestre del año, «pero Pfizer no se hace responsable de no cumplir con la fecha específica y que el gobierno no podrá cancelar el pedido».

«Los proveedores no serán responsables de que no se entreguen las dosis de conformidad con las fechas estimadas de entrega establecidas en el presente documento… Y dicho incumplimiento no le dará al Ministerio de Salud Pública ningún derecho a cancelar pedidos de cualquier cantidad de la vacuna», señala el documento.

Una fuente reveló a CDN que María Isabel Flores Encarnación desistió de la demanda contra el suspendido director del Instituto Agrario Dominicana (IAD), Leonardo Faña, a quien acusaba de abuso sexual y acoso laboral.

Informaciones llegadas al medio dan cuenta de que Flores Encarnación envío un documento a la Fiscalía del Distrito Nacional donde asienta su desistimiento de la denuncia por distintas modalidades de violencia de género contra Faña, pero no explica los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia del Distrito Nacional estaba apoderada de una denuncia por agresión sexual en contra de Leonardo Faña, de parte de la encargada financiera de la institución, María Isabel Flores Encarnación.

Por su parte el procurador titular de la corte del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, confirmó que recibió la notificación del desistimiento de la querella.

Sin embargo, Del Carmen Sepúlveda recordó que “cuando se produce el desistimiento de una querella de acción pública, el Ministerio Público continúa con la acción penal, tal y como lo establece el Código Procesal Penal Dominicano en su artículo 30”.

Sobre la obligatoriedad de la acción pública, el artículo 30 establece: “El Ministerio Público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia.

La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes”.

La denuncia por agresión sexual en contra de Leonardo Faña, suspendido por el Poder Ejecutivo de sus funciones como director del IAD, fue incoada el pasado 18 de enero por ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género, dependencia que la tramitó ante la Procuraduría Regional de la Corte de Apelación del Distrito Nacional atendiendo al privilegio de jurisdicción.