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Ex presidenta de Pro Competencia acusa a Yolanda Martínez de afectar su reputación moral y profesional

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SANTO DOMINGO,.- La ex presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), Michelle Cohen, llamó la atención sobre “la divulgación y uso indebido de información de una auditoría que cursa por un etapa confidencial” por parte de la actual incumbente de esa institución, Yolanda Martínez.

En un comunicado, afirmó que dicha acción viola el debido proceso y resulta sancionable que, según ella, tuvo como objetivo afectar su reputación moral y profesional.

Cohen se pronunció en esos términos a propósito de la reciente publicación de una nota de prensa, difundida a través de varios medios de comunicación, que citaba que la Cámara de Cuentas “detectó errores en auditoría a Pro Competencia durante su período 2014-2015,”

La ex funcionaria dijo que tiene en su poder la certificación 004467 del 23 de marzo del año en curso, firmada por el presidente de la Cámara de Cuentas, que señala de manera taxativa que “el informe provisional de la auditoria no ha sido enviado a la entidad y se encuentra transitando los distintos procesos del auditor, por lo que las documentaciones e informaciones sobre los mismos son confidenciales”.

Agregó el comunicado que, en ese contexto, resulta sorprendente que el pasado 10 de marzo, la presidenta de Pro Competencia, en entrevista captada en video durante su visita a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, declara haber recibido de la Camara de Cuentas un “informe preliminar” en enero de una gestión del 2014 al 2015, y que posteriormente Martínez suministrara documentos e informaciones sobre el particular a los medios de comunicación.

“La divulgación y el uso indebido de la información en etapa confidencial, por parte de la señora Martínez, de datos, que no forman parte de una auditoría terminada, viola el debido proceso y resulta sancionable que esta funcionaria hasta llevara informaciones cuestionables a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que ademas atribuya la circulación del mismo a la Camara de Cuentas”, subrayó Cohen.

También dijo que, en contraposición la Cámara de Cuentas afirma en la citada certificación “que el informe provisional se remitirá tanto a la entidad auditada como a todos los involucrados en la auditoría, para dar la oportunidad de enviar sus observaciones y reparos,” confirmando que los trabajos no están terminados.

Cohen aseguró que cuenta con réplicas razonadas y comprobables, así como con las evidencias de lugar que presentará cuando el ente auditor le ofrezca la oportunidad en atención a la Ley 10-04 y su reglamento de aplicación, que regulan el debido proceso.

Afirmó que desmontará con pruebas documentales las versiones oficiosas divulgadas por Martínez, para distraer la opinion pública ante la adjudicación controversial de un contrato bajo su mandato.

Acusa a Martínez de usurpar funciones
Por otro lado, Cohen denunció que “en un acto ilegal”, Yolanda Martínez se atribuyó funciones que no le corresponden y que son exclusivamente propias de la Cámara de Cuentas, al citarla, posterior a la divulgación, mediante acto de alguacil a comparecer ante Pro Competencia para “rendir cuentas” sobre los supuestos resultados de una auditoría en proceso.

Sostuvo que esto constituye una manifiesta alteración del orden constitucional y está fuera de todo canon legal.

Cohen le recordó a Martínez que la Cámara de Cuentas es el único órgano facultado por el artículo 248 de la Constitución a “ejercer el control externo o fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.”

Dijo además que ha enviado a la presidenta de Pro Competencia “un acto de advertencia y objeción ante la ocurrencia de graves inobservancias legales que darían al traste con la declaratoria de responsabilidad disciplinaria y patrimonial de los funcionarios actuantes.”

“Estos hechos concretos han evidenciado que la Sra. Martínez ha viciado el proceso de auditoría, intentado afectar la verdad y el curso de unos resultados, pretendiendo sustentar una acusación sin haber si quiera agotado y garantizado los derechos de defensa, dando a todas luces a lugar a violaciones del ordenamiento jurídico” aseveró Cohen.

Agregó, “Dada a mi experiencia jurídica, académica e internacional, de mas de 20 años, me veo compelida a defender la institucionalidad y las normas de derecho, violadas por la actual presidenta de Procompetencia.”

Desde su punto de vista llama a la atención la extraña coincidencia de la divulgación en la prensa de los datos que pone en entredicho justo luego que la Camara de Cuentas anunciara que auditará un proceso de adjudicación dado en la actual gestión de Martínez a la empresa Tikitaca.

“Es evidente que la presidenta de Pro Competencia busca encubrir su propia falta y consecuente escándalo y empañar el debido proceso, lanzando una farsa mediática cual si fuera un circo. Estoy convencida de que las auditorías siempre constituyen procesos necesarios, en tanto miden el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento a la institucionalidad”, subrayó.

CDN

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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