El presidente Luis Abinader remitió en el día de hoy al Senado de la República el proyecto de Ley que regulará la libertad de expresión y los medios digitales, según reveló a la prensa el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Se trata de un proyecto en el que participaron diversos actores de la sociedad civil, los medios de comunicación y destacados juristas en la materia, con el fin de crear un marco legal moderno y democrático.

En la misiva de remisión al Congreso Nacional, el presidente Abinader resalta que el proyecto “tiene por objeto regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones (prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales); resguardar el derecho a la comunicación social y periodismo; así como también proteger el derecho de acceso a la información y crear al Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), como órgano regulador del ejercicio en el país de estos importantísimos derechos fundamentales”.

Además, el presidente Abinader resaltó en su misiva dirigida a Ricardo De Los Santos, como presidente del Senado, que en su elaboración han participado expertos nacionales e internacionales de amplia experiencia en la materia, que conocen tanto las ideas principales del pensamiento jurídico que sustenta estas libertades, como la experiencia práctica del periodismo y la comunicación en sus distintas expresiones.

“El proyecto que ahora sometemos toma en consideración el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que tan importante tema ha tenido en las últimas décadas y procura adecuar nuestro ordenamiento a las prácticas más garantistas y democráticas. En tal virtud, someto a su consideración el presente proyecto de ley, esperando que los honorables legisladores le impartan su voto de aprobación”, agregó el mandatario.

Antoliano Peralta recordó que en junio de 2022 el presidente Abinader conformó una comisión de expertos integrada por Namphi Rodríguez, quien fungió como su director ejecutivo, Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.

La comisión entregó meses después un primer borrador que fue objeto de debate, estudio y ponderación, siendo remitido por la Consultoría Jurídica del Ejecutivo a la propia a la comisión. Tras la integración de diversas mejoras y la adecuación de varios puntos al ordenamiento jurídico que nos regula, la versión definitiva fue remitida el pasado 24 de abril de 2025 al presidente de la República y es ahora llevada al Congreso Nacional, cumpliendo con el compromiso asumido por el gobierno de promover mejoras normativas para el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reaccionó este jueves al cese de la prisión domiciliaria que pesaba en su contra, ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Rodríguez expresó que no debió estar ni un solo día en prisión, recordando que se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público en 2021 y fue dejado en calidad de detenido.

«Han sido casi 4 años con privación de libertad, lo cual he asumido con mucha entereza, con mucha paciencia, a pesar de que no debí estar ni un solo día en prisión», afirmó.

El exfuncionario judicial destacó que aprovechará el tiempo para ponerse al día en tareas pendientes. «Son cuatro años que han sido bastante duros, casi dos de ellos en una prisión, pero todo el tiempo se cumple y ya llegó el momento en que estemos de vuelta a la libertad».

Además, Rodríguez aseguró que demostrará que el expediente en su contra carece de sustento y que se han producido violaciones al debido proceso por parte del Ministerio Público. «Demostraremos las violaciones al debido proceso del MP», concluyó.

Sobre el caso
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este jueves variar la medida de coerción que pesa sobre Rodríguez, consistente en el cese del arresto domiciliario y el retiro del grillete electrónico. Sin embargo, se mantienen otras medidas, como el pago de una garantía económica de 30 millones de pesos y el impedimento de salida del país.

Rodríguez es acusado por el Ministerio Público de encabezar una red de corrupción durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, en el período 2016-2020, conocida como la Operación Medusa.