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Familia de Rondón supervisa acondicionamiento de celda

La familia del empresario Ángel Rondón acudió a la penitenciaría nacional La Victoria para supervisar la celda en la que estará su pariente, que por orden de un juez especial de la Suprema Corte de Justicia deberá cumplir allí un año de prisión preventiva.
La celda de Rondón estará en el pabellón principal de la cárcel, en un espacio que antes estaba destinado a oficinas. Ayer se apuraban los trabajos de limpieza, pintura de las rejas, e instalación de aire acondicionado, unas labores en las que se dedicaron más de seis personas.
Los familiares del empresario llegaron a la prisión cerca de las 10:00 de la mañana y se marcharon una hora después, en compañía del abogado Rafael Ureña, actual abogado de Ruddy González en el proceso, y quien se identificó como amigo de Rondón que acompañaba a la familia.
El traslado de Rondón a La Victoria, al igual que de los demás acusados de haber recibido o manejado sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, quedó al pendiente de la notificación de la Suprema Corte de Justicia al ministerio de público, un trámite burocrático que podría resolverse durante el día de hoy.
La limpieza y acondicionamiento de las celdas no son nuevos. La comenzaron las máximas autoridades del ministerio público una semana antes de arrestar a diez de los catorce acusados en el escándalo internacional de sobornos de la constructora brasileña.
El acondicionamiento de la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva despertó la curiosidad de la sociedad, y sirvió como anuncio a lo que se preparaba: órdenes de arresto, detenciones y un proceso judicial en marcha.
El juez Francisco Ortega, de instrucción especial de la Suprema, envió a siete de los acusados a cumplir prisión preventiva a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, y solo a Rondón, a La Victoria, ubicada en el municipio Santo Domingo Norte.
Decisión del juez
Otros dos acusados, Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, deberán cumplir prisión domiciliaria, mientras que uno de los imputados, Bernardo Castellanos, aun se encuentra en Panamá y se espera regrese al país para hacerle frente a la acusación del ministerio público.
La decisión del juez fue enviar a Rondón por un año de prisión preventiva a La Victoria.
A Víctor Díaz Rúa y a Conrado Pitaluga, por nueve meses a Najayo. Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, tendrán que cumplir seis meses en Najayo. César Sánchez y Máximo D’ Oleo, a cumplir tres meses en Najayo. Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, nueve meses en prisión domiciliaria.
Los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, garantía económica de cinco millones e impedimento de salida del país. Este caso ha estremecido a la clase política dominicana por la importancia de las personas involucradas, con la atención en ambiente a la investigación que debe terminar ahora la Procuraduría General de la República en un plazo de ocho meses.
El proceso judicial fue declarado complejo y ahora tendrá que conocerse en juicio preliminar para determinar si hay sustento suficiente para llevar el caso a juicio de fondo.
El escándalo internacional de la constructora Odebrecht comenzó en diciembre de 2016 con el acuerdo de las autoridades estadounidenses y la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares de sobornos en el país para hacerse de obras públicas importantes, moviendo el dinero entre los funcionarios que asignaban las obras y los legisladores que gestionaban los empréstitos en el Congreso Nacional.
El primer gran paso sobre el caso lo firmó la Procuraduría con un acuerdo de cooperación con la compañía brasileña, que según el ministerio público le ha permitido acceder a las delaciones de sus principales ejecutivos, además de una indemnización de 184 millones de dólares, espaciados en los próximos ocho años como resarcimiento al daño causado.
El ministerio público ha declarado que se trata de una ganancia histórica que sienta un precedente importante en la vida política dominicana, y en particular en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
DOS VEHÍCULOS NEGROS Y VIDRIOS ENTINTADOS
La familia de Rondón llegó en dos vehículos color negro, con cristales tintados por completo a negro. Lo hicieron en compañía del abogado Rafael Ureña, que en principio hizo las gestiones con los encargados de seguridad para que dejaran pasar a los familiares. Así sucedió. La primera en salir fue la esposa de Rondón, permaneciendo en el lugar uno de sus hijos y una acompañante, además del abogado. Pasadas unas tres horas se presentaron dos personas del entorno personal del imputado en las mismas labores, a mirar el avance de los trabajos. Se marcharon después de unos 15 minutos. Los trabajos de limpieza y acondicionamiento se mantuvieron durante todo el día.
Listin Diario

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Aumenta a 232 la cifra de fallecidos por colapso en Jet Set

Jonathan Natera, quien luchaba por su vida en la unidad de Cuidados Intensivos del hospital Darío Contreras tras el derrumbe del centro nocturno Jet Set, falleció en las últimas horas, según confirmaron fuentes médicas.
Su muerte eleva a 232 el número de víctimas mortales de la tragedia ocurrida en la madrugada del martes 8 de abril, cuando el techo del local colapsó durante una concurrida fiesta.
Natera, esposo de Angélica Álvarez Correa —quien también perdió la vida en el mismo suceso—, se había mantenido en estado crítico desde la noche del accidente.
La pareja forma parte de la larga lista de familias destrozadas por el colapso, considerado uno de los peores desastres en espacios de entretenimiento de la historia reciente del país.
Con el deceso de Natera, las autoridades sanitarias reiteraron que varios heridos continúan ingresados en distintos centros de salud, algunos en condición delicada. Mientras tanto, las investigaciones sobre las causas del derrumbe avanzan, aunque aún no se han revelado conclusiones definitivas.
Las sospechas de negligencia en la construcción del lugar, señaladas previamente por testigos y expertos, siguen siendo el eje central de las pesquisas.
La tragedia ha generado indignación nacional, especialmente tras revelarse posibles fallas estructurales en el edificio.
Durante un novenario organizado por la Diócesis Padre Montesinos, familiares y sobrevivientes exigieron justicia, exigencia que se ha intensificado con cada nueva víctima reportada.
«Es inaceptable que la diversión se convierta en una trampa mortal por falta de supervisión», declaró recientemente un vocero comunitario.
El caso del Jet Set no solo ha expuesto grietas en infraestructuras, sino también en los mecanismos de regulación estatal.
Mientras las autopsias y peritajes técnicos continúan, la sociedad reclama respuestas claras y sanciones ejemplares para evitar que hechos como este se repitan.
Por ahora, el dolor de las 232 familias enlutadas sigue siendo un recordatorio de la urgencia de justicia y reformas.
La Diócesis y organizaciones civiles mantienen vigilias y acompañamiento a los afectados, mientras el país espera que las promesas de transparencia se traduzcan en acciones concretas.
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Solicitan prisión preventiva contra hombre que fingió haber rescatado 12 personas en tragedia del Jet Set

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre al que acusa de hacerse pasar por “asimilado” de la Policía Nacional utilizando un carnet falsificado.
La medida, presentada por la fiscal Francisca Arias Patrocino, adscrita al Departamento de Investigación de Falsificaciones, detalla que el imputado Rafael Rosario Mota («Foster») fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
De acuerdo con las autoridades, las investigaciones, realizadas por la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional, determinaron que el imputado se hacía pasar por policía asimilado a través de publicaciones en redes sociales.
Según los fiscales, Rosario Mota se promovía como una persona que participaba en labores de socorro, y vendió la idea de que estuvo como recatista de víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva, y practicada por la Policía Científica, concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, en virtud de que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
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