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Condenan a Salvador Holguín al pago de RD$7.0 millones por difamación
El periodista Salvador Holguín fue condenado este miércoles al pago de RD$7 millones de pesos de indemnización al pago de las costas a favor de la demandante Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, que lo acusó de difamación e injuria.
La jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Suinda Brito, emitió el dictamen de la acusación de Medina contra el comunicador del programa Hilando Fino, a quien halló culpable de “haber violado las disposiciones 29-32-33 Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento”.
Al argumentar su decisión, Brito citó los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 02 de julio del 2004, en el que establece que el periodista debe hacer alusión a la fuente que le sirvió de fundamento para sus comentarios.
“La Corte Interamericana cuando llegó el caso (Herrera Ulloa Vs. Costa Rica) allá estableció lo siguiente que para ese tipo de caso se debe tomar en cuenta verificar que el periodista haya hecho alusión a la fuente que le sirve de fundamento a su comentario, error que lamentablemente no existe prueba de que el ciudadano Salvador Holguín lo haya hecho así”.
Lucía Medina acusó a Holguín de dañar su honor al dejar entrever que entre ella y el director de la Policía, Nelson Peguero Paredes, hay una relación sentimental.
“En ese programa (Hilando Fino), según ustedes todos vieron y pudieron apreciar en su momento, lamentablemente el ciudadano (Salvador Hoguín) no hizo referencia, no dijo en ningún momento, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en base a un vídeo, en base en un programa de Youtube de fulano de tal, difundido en fecha tal, estoy comentando lo que él comentó, lamentablemente no se cubrió no se protegió de esa manera, sobre quién recae la responsabilidad, en el comentario”, afirmó la magistrada.
Brito fijó la lectura íntegra para el 26 de julio de este año, a las 3:00 de la tarde, en la cual correrá el plazo para la correspondiente apelación.
Diario Libre
Más abajo, un video de NCDN 37, canal que difundió en vivo la sentencia de la magistrada Brito.
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Jueza autoriza salida del país a imputado del caso Coral y Coral 5G para cita médica
La jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, autorizó la salida del país hacia los Estados Unidos de Alejandro José Montero Cruz, imputado en la red de corrupción administrativa de los casos Coral y Coral 5G, con el objetivo de asistir a una cita médica por problemas de salud.
La autorización fue concedida para el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025. Debido a esta situación, el tribunal, integrado además por las magistradas Tania Yunes y Jissell Naranjo, decidió recesar la audiencia hasta el 6 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que continuará el juicio seguido a los imputados de la estructura criminal del caso Coral y Coral 5G.
Esta red está compuesta por militares y policías acusados de estafar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, mediante nombramientos irregulares y otras anomalías administrativas.
Medidas judiciales y notificaciones oficiales
En la resolución, el tribunal ordenó a la secretaría notificar la autorización de salida a la Dirección General de Migración, a la parte solicitante, al Ministerio Público y a la parte querellante constituida en actor civil.
Montero Cruz cumple actualmente medida de coerción consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, la cual fue flexibilizada de manera temporal debido a su condición médica.
Según lo expuesto por las juezas, el imputado requiere atención médica especializada fuera del país, razón por la cual se decidió posponer el cronograma judicial, a fin de garantizar su derecho a la defensa y su presencia en el proceso.
Próxima audiencia y fase final del juicio
Para la próxima audiencia se espera que el tribunal retome la fase de conclusiones, así como las declaraciones finales de los imputados que decidan hacer uso de ese derecho en la sala de audiencias.
Será la oportunidad para que los acusados que así lo deseen se dirijan directamente a las juezas, una vez queden formalmente cerradas las constituciones de las partes.
Imputados del caso Coral y Coral 5G
En el caso Coral figuran como imputados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exencargado financiero del Cusep; Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez, colaborador principal del Ministerio Público.
En la Operación Coral 5G, derivada del caso Coral, están acusados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
También figuran como imputados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, todos bajo medidas de coerción.
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Reapresan reo que se fugó de cárcel de Rafey y se atrincheró en vivienda cercana
SANTIAGO — Un recluso que se fugó del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres fue reapresado en una vivienda cercana, tras generar alarma entre residentes y un operativo de seguridad en los alrededores del penal.
El hecho ocurrió la tarde de ayer martes, cuando el interno logró escapar de las instalaciones y fue visto en un segundo nivel de una casa cercana, vistiendo el uniforme carcelario de color verde, según se observa en un video viralizado en redes sociales.
Vecinos alertaron a las autoridades, lo que motivó el despliegue de agentes del sistema penitenciario y organismos de seguridad, quienes lograron capturarlo sin que se reportaran heridos ni incidentes mayores.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del fugado ni han detallado cómo se produjo la fuga ni si hubo fallas en los protocolos de seguridad del centro.
El incidente ha reavivado cuestionamientos sobre el control y vigilancia en el penal, ubicado en una zona con áreas residenciales cercanas.
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