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Ana Julia tendrá que pagar la búsqueda de Gabriel: la Guardia Civil le pasará factura “millonaria”

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El coste de “la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en España” la asumirá la autor confesa de crimen. En el dispositivo participaron más de 2 mil agentes de las fuerzas de seguridad y 3 mil voluntarios.

“La mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en España” tiene un coste. Con esas palabras definió la Guardia Civil de Almería la investigación del secuestro y asesinato del pequeño Gabriel Cruz.

Un dispositivo que llegó a movilizar a más de 2.000 agentes de las fuerzas de seguridad y emergencia y también más de 3.000 voluntarios que rastrearon los puntos de Almería en los que podría estar el niño de ocho años.

Unas cifras millonarias para un despliegue sin precedentes ni dimensiones similares. Esto se traduce a su vez en una lista de gastos que alcanza niveles récord. Una factura que la Guardia Civil está elaborando, a petición del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería, con el objetivo de incorporarla a las responsabilidades civiles de Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen, tal y como informa La Voz de Almería.

Fuentes consultadas por este periódico regional apuntan a “una cifra millonaria” debido a enorme cantidad movilizada durante los 12 días que duró el dispositivo. Sin embargo, el pago de estas responsabilidades civiles sería prácticamente imposible para la acusada por lo que tendría más un carácter simbólico.

Así, aunque por el momento se desconoce la cantidad, este tipo de informes económicos suelen poner en negro sobre blanco el tiempo empleado en la investigación del suceso. Es decir, recoge el sueldo de los agentes destinados y el coste de los materiales empleados en las tareas de búsqueda.

Fuente: El Español

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La Policía Nacional investiga muerte de la influencer Melissa Medina

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La Policía Nacional informó que mantiene abierta una investigación, en coordinación con el Ministerio Público, para esclarecer las circunstancias en que falleció la joven influencer Melissa Medina, de 22 años, cuyo deceso ocurrió durante la madrugada del pasado martes en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que los organismos investigativos están entrevistando a las personas que acompañaban a la joven al momento del suceso, quienes son una joven de 21 años y un hombre de 60 años.

Pesqueira precisó que, por el momento, las identidades de ambos acompañantes se mantienen bajo reserva, a fin de no comprometer el desarrollo de las indagatorias.

Espera de informe forense y curso de las pesquisas
Asimismo, el portavoz policial indicó que las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), los cuales serán fundamentales para determinar la causa del fallecimiento.

La Policía Nacional señaló que el proceso investigativo continúa en curso y que se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las diligencias correspondientes.

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Condenan a 20 años de prisión madre que decapitó a su hija de 6 años

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El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a la médico y exmilitar Ana Josefa García Cuello, encontrada culpable de la muerte de su hija de seis años, a quien decapitó el 15 de agosto de 2024 en la residencia familiar, ubicada en el sector Hainamosa.

La sentencia establece que García Cuello deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal, donde permanecía recluida desde agosto de 2024.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sostuvo una acusación por homicidio con premeditación y asechanza, fundamentada en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal dominicano.

La muerte de la niña ocurrió en un apartamento del residencial La Razón I, donde residía junto a su madre y otros familiares.

Tras el hallazgo del cuerpo, agentes de la Policía Nacional arrestaron a García Cuello, quien era médico y miembro del Ejército de la República Dominicana.

El 20 de agosto de 2024, cinco días después del crimen, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le impuso 12 meses de prisión preventiva.

La discusión sobre su salud mental
Uno de los aspectos centrales del proceso judicial fue la condición de salud mental de la acusada, cuyo equipo de abogados sostuvo que padecía trastornos psiquiátricos que impedían atribuirle responsabilidad penal.

La defensa solicitó que García Cuello fuera declarada inimputable, amparándose en el artículo 64 del Código Penal, que contempla la situación de personas que se encontraban en estado de demencia al momento de cometer un hecho.

El 11 de septiembre de 2025, la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, rechazó la solicitud de inimputabilidad y la realización de nuevas evaluaciones mentales.

La magistrada explicó entonces que ese planteamiento podía formularse en otra etapa del proceso judicial.

En marzo de 2026, el abogado Julio Alberico Hernández, quien también es psiquiatra forense, reiteró que su defendida padecía trastornos severos y cuestionó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

El jurista sostuvo que los exámenes realizados a la procesada respaldaban su posición sobre la condición psiquiátrica de García Cuello.

Durante la investigación, la acusada fue sometida a evaluaciones psiquiátricas para determinar su capacidad de responder ante los tribunales.

La decisión podrá ser recurrida conforme a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal dominicana.

Vía Diario Libre

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