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Ana Julia tendrá que pagar la búsqueda de Gabriel: la Guardia Civil le pasará factura “millonaria”

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El coste de “la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en España” la asumirá la autor confesa de crimen. En el dispositivo participaron más de 2 mil agentes de las fuerzas de seguridad y 3 mil voluntarios.

“La mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en España” tiene un coste. Con esas palabras definió la Guardia Civil de Almería la investigación del secuestro y asesinato del pequeño Gabriel Cruz.

Un dispositivo que llegó a movilizar a más de 2.000 agentes de las fuerzas de seguridad y emergencia y también más de 3.000 voluntarios que rastrearon los puntos de Almería en los que podría estar el niño de ocho años.

Unas cifras millonarias para un despliegue sin precedentes ni dimensiones similares. Esto se traduce a su vez en una lista de gastos que alcanza niveles récord. Una factura que la Guardia Civil está elaborando, a petición del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería, con el objetivo de incorporarla a las responsabilidades civiles de Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen, tal y como informa La Voz de Almería.

Fuentes consultadas por este periódico regional apuntan a “una cifra millonaria” debido a enorme cantidad movilizada durante los 12 días que duró el dispositivo. Sin embargo, el pago de estas responsabilidades civiles sería prácticamente imposible para la acusada por lo que tendría más un carácter simbólico.

Así, aunque por el momento se desconoce la cantidad, este tipo de informes económicos suelen poner en negro sobre blanco el tiempo empleado en la investigación del suceso. Es decir, recoge el sueldo de los agentes destinados y el coste de los materiales empleados en las tareas de búsqueda.

Fuente: El Español

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Alcaldía DN cancela a dos empleados por mutilación de árboles en el Mirador Sur

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La Alcaldía del Distrito Nacional informó hoy a través de un comunicado que por el caso de la mutilación de 17 árboles en el parque Mirador Sur separó de la institución a los colaboradores Osvaldo Alcántara de Jesús y Carlos Manuel Feliz Mota.

Estos empleados se desempeñaban como Supervisor de Brigada y Supervisor de Operaciones, respectivamente.

La institución indicó que procederá a entregar los resultados de su investigación interna ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente para que profundice la indagación y establezca las responsabilidades correspondientes.

Las investigaciones preliminares arrojan que estos colaboradores habrían recibido una solicitud de poda de carácter privado y habrían utilizado su condición de empleados, «abusando de la confianza de la institución, para hacerse valer de equipos y de la investidura necesaria para pasar inadvertidos y proceder a realizar la poda», teniendo el conocimiento de que no contaban con la autorización de la institución.

La Alcaldía del Distrito Nacional informó en un comunicado previo que había realizado un descenso al área del Parque Mirador Sur donde se constató que fueron podados 17 árboles en sus copas y que esta poda no fue autorizada por la institución, por lo que procederían a aplicar las sanciones correspondientes

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Solicitan prisión preventiva contra acusada de atropellar a Julio César de la Rosa

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La Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional adscrita a la Casa del Conductor solicitó, ante el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva en contra de Shakie Valentina Mujica Zapata, de 27 años, la mujer acusada de atropellar y dejar sin vida a Julio César de la Rosa el sábado en la noche.

La solicitud será conocida en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional este jueves a las 9:00 de la mañana.

La mujer de origen venezolano se encuentra recluida en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Los delitos que se le tipifican están contenidos en los artículos 303 (numeral 5), 220, 207, 208 y 306 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El documento además establece que, tras el atropello, la imputada abandonó a la víctima y no le prestó asistencia, conforme la normativa establece, con el agravante de haber dado declaraciones falsas y de manera tardía ante el Plan Piloto y posteriormente en la Casa del Conductor.

Dentro de las pruebas, que sustentan la solicitud, está el acta policial, la certificación de defunción de la víctima, copia de la matrícula del vehículo tipo jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe Sport, año 2018, a nombre de la imputada, testimonios y otras pruebas documentales.

La medida de coerción se sustenta, además en que la imputada no tiene arraigo en el territorio nacional que garantice la presentación en el proceso judicial, así como el peligro de fuga existente, ya que Shakie Valentina Mujica Zapata es de nacionalidad venezolana y se encuentra de manera ilegal en el país, ya que su pasaporte venció en agosto del 2022.

Según la Policía Nacional, la misma al momento del accidente manejaba una jeepeta marca Hyundai, modelo Santa Fe del año 2018, placa No. G691685.

El vehículo fue localizado en el estacionamiento de un amigo, ubicado en el sector de Honduras, del Distrito Nacional.

Este miércoles presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, consideró que la acción que ocasionó el fallecimiento de su hijo, debería tratarse como un homicidio y no como un accidente.

Via Listín Diario

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