SANTO DOMINGO.-Una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, revela serias irregularidades en la contratación de compras y servicios, cuyas operaciones envuelven miles de millones de pesos e involucran a funcionarios de alto nivel de esa entidad, igual que a proveedores y técnicos de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

El informe final de la investigación especial realizada a la empresa de transporte del Estado, firmado el pasado diez de abril por los integrantes de la Cámara de Cuentas y remitido al Procurador General de la República, al exdirector de la OMSA, a la Contraloría General de la República, y a la Dirección general de Ética e Integridad Gubernamental, expone que existen “indicios ciertos, serios, graves, precisos y concordantes, que podrían determinar la responsabilidad penal” de los involucrados en esas irregularidades.

De acuerdo con el informe, durante el periodo de investigación solo a 51 proveedores les efectuaron pagos, autorizados por el director de la OMSA, por un monto de RD$3, 029, 885,296, sin suscribir contratos entre las partes.

Entre los hallazgos figura la emisión de 3,535 órdenes de compras a 33 empresas, sin observar las disposiciones del artículo 28 de la ley 340 sobre contrataciones públicas, por RD$2, 157, 174,862, lo que representa el 64 por ciento del total de los pagos realizados por la OMSA durante el periodo auditado.

Empresas vinculadas a funcionario OMSA
Se establece, además, que durante la gestión del ingeniero Manuel Rivas se adjudicó la contratación de servicios y bienes a diferentes empresas vinculadas a funcionarios de la empresa estatal por un monto de RD$31, 979,524.

La cámara de Cuentas comprobó a través de los respectivos certificados de registro Mercantil que las compañías SUPLIFARMA JYY, FARMAS JHR EXPRESS aparecen como socias Rosa Elena Peña y Yumilde del Carmen Rosario Díaz esposa y hermana, respectivamente, del gerente financiero de OMSA, Faustino Rosario y Empresa Ramel Corp, representada por José Esteban Valenzuela.

En las contrataciones mediante proceso de comparación de precios, en todos los casos participaron las empresas vinculadas al gerente financiero, dice el informe.

Empresa Ramel Corp obtuvo seis contratos y ordenes de compras y servicios para adquirir juguetes, confeccionar T-shirt y polo shirt, desayuno, picaderas, almuerzos y rotulación de autobuses por un monto de RD$18,715,749.

A la empresa FARMA-S, JHR EXPRESS se le adjudicaron RD$11,005,243 para suministrar a la empresa productos farmaceúticos, mientras que SUPLIFARMA JYY realizó operaciones comerciales con la OMSA por RD$2,258,532.

Los auditores también observaron “ordenes de compras emitidas en un rango de tres meses para un mismo objeto de contratación de bienes y servicios y que en conjunto alcanzan el monto de los umbrales de la modalidad de contratación a aplicar y la elaboración de contratos entre las partes”.

El informe contempla, además, que “la revisión de los expedientes de pagos, relativos a las compras directas, representó el monto de RD$2, 209, 242,493, tomando en cuenta la identificación de los suplidores, frecuencia de contratación, procesos agotados y su validez”.

“Se verificó que las adquisiciones a veinte proveedores de obras, bienes y servicios se efectuaron sin tomar en consideración las formalidades de la ley”, dice el documento.

Mientras que las actas de adjudicaciones de los contratos fueron firmadas por los funcionarios Pedro Messon, presidente, en representación del Director General; Nelson Mejía, gerente administrativo, miembro; Willian Hernández, consultor jurídico, miembro; Víctor Eugenio Torres Rosa, gerente de planificación y proyecto de inversión, miembro (hasta junio de 2013(; y Rosa María Cruz Aracena, responsable de Acceso a la Información, miembro.

Todas esas operaciones de pagos fueron autorizadas por el director general Manuel Rivas y el gerente financiero Faustino Rosario Díaz inobservando las funciones, las competencias y responsabilidad individual de cada funcionario.

Las documentaciones de soportes de la auditoría revelan que todos los procesos fueron revisados y aprobados por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

En la investigación, se “evidencian debilidades importantes en la operatividad de la gestión contable-financiera y del control interno, las cuales se manifiestan en omisiones e incumplimientos de procesos y procedimientos sustanciales, relativos a registros, base de sustentación y desembolso por concepto de compras y contrataciones públicas”

Otra de las irregularidades que figura en la investigación, que ya fue tramitada a la Procuraduría General de la República, es la concerniente al fraccionamiento de las compras que la Cámara de Cuentas entiende tenía por finalidad eludir la modalidad prevista por la ley.

El artículo 10 de la Ley de contrataciones públicas establece que: “La autoridad administrativa con capacidad de decisión en un organismo público no permitirá el fraccionamiento de las compras o contrataciones de bienes, obras o servicios, cuando éstas tengan por objeto eludir los procedimientos de selección previstos en esta ley para optar por otros de menor cuantía”.

En la resolución AUD-2018-04, a la que el periódico LISTIN DIARIO tuvo acceso, los auditores de la Cámara de Cuentas consideran que la investigación ha arrojado una serie de datos que evidencian que los principales funcionarios de la OMSA violaron “disposiciones legales de carácter obligatorio que regulan el ejercicio de la Función Pública que comprometen su responsabilidad administrativa, civil y penal”.

Aseguran que las operaciones irregulares detectadas por sus auditores “unidas a maniobras dolosas y fraudulentas implementadas en los procesos de contrataciones” se caracterizan por la reiteración de los proveedores contratados, adjudicaciones realizadas de manera directa, fraccionamiento de las compras así como órdenes de compras no avaladas por los contratos correspondientes.

Los investigadores exponen el análisis realizado a nueve adquisiciones que se efectuaron con procedimiento de urgencia, por un monto de RD$145, 564,199 para dotar de equipos al taller de la OMSA en las que se resaltan las empresas Tech Solution y Grupo Martisdom propiedad de Eddy Santana Zorrilla, acusado de sobornar a Yuniol Ramirez, quien fue asesinado en las inmediaciones de la UASD el miércoles 11 de octubre, y de su sobrina, Rosary Margarita Hernández Santana.

Tech Solution y Grupo Martisdom, que fueron dos de las adjudicatarias, recibieron como pago por sus servicios RD$57, 652,061, mientras a las siete compañías (C&S Comercial, CxA, Lubricantes Diversos, Grupo Eléctrico Herrera, Bjtj High Technology, Ventosa Group, Elgi Tex y Ixpark Bussines) les fueron adjudicados RD$87,675,106 para las adquisiciones restantes.

La Cámara de Cuentas también determinó, entre el cúmulo de irregularidades y violaciones de los procedimientos, la contratación de bienes y servicios a través de 30 empresas por RD$203, 979,771 sin que se tomaran en cuenta “los umbrales establecidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones, para la aplicación de la modalidad de selección que le correspondía para estos casos”.

Los auditores de la Cámara de Cuentas consideran que la investigación especial evidencia que los hallazgos “han impactado de manera negativa el patrimonio público y han causado graves perjuicios económicos a la entidad”, y “se pone de manifiesto, la ausencia de gestión de factores de riesgo que inciden en las contrataciones públicas”.

DETALLES AMPLIOS Y ANTECEDENTES DEL CASO
Tras el escándalo por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez quien había amenazado someter a la justicia un expediente sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de bienes y servicios por parte de funcionarios de la OMSA en contubernio con suplidores, el procurador general de la República pidió a la Cámara de Cuentas una auditoría a la gestión de Manuel Rivas, en el cargo desde agosto de 2012.

La petición del procurador se produjo cinco días después del hallazgo del cadáver del presidente de Convergencia Nacional de Abogados (CONA), el 12 de octubre de 2017, y ese mes un equipo de 10 técnicos de la Cámara de Cuentas, integrado por auditores abogados, financieros y tecnólogos, llegó a la entidad a realizar la “investigación especial” que comprendía desde 2012 hasta 2017.

El equipo enviado a la OMSA informó en ese entonces que ese tipo de investigación requería entre 45 y 65 días, pero que dependería de la disponibilidad de las informaciones que buscaban.

Durante los meses entre octubre de 2017 y abril de 2018 algunas informaciones trascendieron en la opinión pública. En diciembre del pasado año el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, anticipó que habría sorpresas “muy desagradables”.

FUENTE: Ramón Pérez Reyes/Listín Diario