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Procuraduría dice que Quirinito está vivo y que activa su búsqueda
La Procuraduría General de la República informó este martes que durante el proceso de investigación que desarrolla en torno a la alegada muerte de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Rafaelito” o mejor conocido como “Quirinito”, ha recabado suficientes evidencias para establecer que este condenado a 30 años por homicidio no ha fallecido.
A través de un comunicado institucional, dijo que a partir de estos hallazgos procedió de inmediato a activar su búsqueda y a solicitar a los organismos de inteligencia del país, así como a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una orden de captura nacional e internacional, respectivamente, contra Castillo Paniagua.
El organismo también expresó que suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción No. 00239, Folio 0039, con fecha de registro del 6 de julio del presente año, que declara la defunción del hoy prófugo por la causa de fallo cardíaco, debido a infarto agudo al miocardio por carcinoma epidermoide en la base de la lengua, resaltando que “con esta medida no se descarta que el galeno actuante sea procesado judicialmente al concluir la investigación”.
La Procuraduría indicó que al momento de su supuesta muerte “Quirinito” se encontraba “cumpliendo prisión domiciliaria en el municipio de San Francisco de Macorís, por disposición de la juez de Ejecución de la Pena de esa demarcación, Aleida Jiménez Acosta, quien a tales fines, el 26 de mayo del presente año emitió la sentencia número 136-01-2017-SSEN-00064”.
Dijo, además, que “esta decisión judicial cambió el régimen de cumplimento de la condena a 30 años por homicidio de Castillo Paniagua y fue la disposición de la jueza Aleida Jiménez Acosta que ordenó sacarlo del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle para recluirlo en una vivienda situada en el residencial Bety Marie, del sector Paseo de los Ríos, en el municipio cabecera de la provincia Duarte”.
En la declaración difundida por su departamento de prensa, la institución señala, además, que en el transcurso de la investigación ha interrogado a más de 12 personas y han realizado numerosas visitas y descensos. “Además, se han obtenido varios documentos en instituciones públicas y privadas, encontrándose esta documentación e información bajo evaluación dentro del proceso”, dice el documento.
Precisó que uno de los interrogados fue el padre de Castillo Paniagua, el señor Rafael Castillo Ramírez, quien al ser cuestionado informó a las autoridades “que su hijo no está muerto porque de haber fallecido le hubiesen entregado el cadáver”.
De igual manera, dijo que fue interrogada la esposa de “Quirinito”, Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo, quien declaró “que su esposo murió en su residencia, en horas de la mañana del pasado 5 de julio del presente año, y que no estaba en disposición de decirle a las autoridades quién se llevó el cadáver ni dónde está enterrado”.
Asimismo, la Procuraduría dijo que durante los interrogatorios a las autoridades actuantes, entre las cuales figuran jueces, fiscales, personal penitenciario y médicos, las mismas han negado haber actuado en contubernio, alegando que de encontrarse vivo Castillo Paniagua, “fueron sorprendidos en su buena fe”.
En este sentido, la institución explicó que las indagatorias arrojaron que el personal de vigilancia a cargo de supervisar la prisión domiciliaría impuesta a “Quirinito”, “verificó que la misma se cumplía tal como había dispuesto el tribunal, entregando estos, fotos del fugitivo supuestamente convaleciente en su residencia, tomadas durante las visitas calendarizadas por el sistema penitenciario”.
La Procuraduría expresó además que se continúan ampliando las indagatorias, a fin de determinar en forma veraz, si hubo algún tipo de manejo irregular para lograr que el reo se sustrajera del cumplimiento de la condena a 30 años por homicidio o si el personal interviniente fue engañado.
Igualmente, el organismo aseguró que “si durante la continuación de la investigación se determina que servidores públicos o personal del sector privado tienen comprometida su responsabilidad penal, serán sometidos a la acción de la justicia, sin importar de quien se trate”.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que por tratarse de una investigación que está en pleno desarrollo, de conformidad con lo establecido en las leyes del país, por el momento no es posible divulgar más informaciones para no entorpecer las diligencias procesales de la misma, comprometiéndose a informar oportunamente a la ciudadanía cuando surjan nuevos avances”.
Fuente El Caribe
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
